Más de 4.000 familias han necesitado ayuda pública para evitar un desahucio

Alicia García

El Sistema de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio de la Junta cumple tres años en los que ha evitado el desahucio de miles de personas.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2012, hasta finales de 2015, el Sistema Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio ha atendido a 4.149 familias y a todas ellas se las ha prestado apoyo y asesoramiento. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han presentado los resultados del Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio una vez cumplidos los tres años desde su puesta en marcha por la Junta de Castilla y León.

 

Este Sistema Integral forma parte de la Red de Protección a las familias de Castilla y León, un sistema de protección social de responsabilidad pública, creado en colaboración con las entidades locales, pionero en España, que ofrece una respuesta integral y coordinada a las necesidades de las familias y personas más vulnerables. La Red de Protección cuenta con 23 programas y uno de ellos es el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha sido reconocido por la ONU como buena práctica.

 

Alicia García se ha referido a que una de las notas características de este servicio integral es precisamente su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas. En el sistema están implicados 24 entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, 45 entidades financieras y la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, financia a las entidades locales, coordina todas las actuaciones, aporta los interlocutores con las entidades financieras y facilita el acceso directo al servicio a través del 012.

 

 

SERVICIO INTEGRAL

 

La integralidad y la importancia de este servicio no radica únicamente en dar respuesta al problema de vivienda por el que el caso llega al servicio. No se queda sólo ahí y los profesionales se encargan de detectar otras posibles necesidades que puedan tener las familiar para aplicar las soluciones más oportunas a cada necesidad o proporcionarles otras prestaciones.

 

La integralidad del servicio queda patente en el hecho de que para 902 de estas familias los profesionales detectaron otro tipo de necesidades, además de la propia de la vivienda por la que acudieron al servicio, que sirvieron para activar un total de 1.939 prestaciones, como rentas garantizadas de ciudadanía, servicios sociales o jurídicos, empleo o justicia gratuita. Junto a esto, su funcionamiento en red ha hecho posible evitar situaciones críticas antes de que se produjeran e incluso ir más allá de las actuaciones meramente paliativas y ninguna de las familias atendidas en tres años ha tenido que afrontar un desalojo forzoso.

 

El 83,3 % de los casos concluidos se cerraron con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y en el restante 16,7 %, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se ha actuado desde otras medidas de corte social.

 

 

LAS CIFRAS

 

Desde su creación en noviembre de 2012 y hasta finales de 2015, a través del Servicio Integral se ha atendido a 4.149 familias, lo que significa que se ha ayudado a más de 11.500 personas. A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación, se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social. Al 22,5 % de estas familias también se les elaboró un Plan de Economía familiar.

 

El 83,3 % de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, 3.450 casos, se cerraron con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y se ha finalizado el proceso. En el restante 16,7 % de los casos, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se ha actuado desde otras medidas, generalmente de corte social que, en todo caso, impidieron que se produjeran desalojos forzosos y han evitado que estas situaciones se diesen en situación de desamparo para las familias.

 

De los 3.450 casos concluidos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución y 1.708 concluyeron con interlocución con las entidades financieras, con los siguientes resultados: la reestructuración viable de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi en el 50 % de los casos, y la minoritaria la dación en pago, sólo en el 7,3 % de los casos cerrados. Otros y variados acuerdos, como venta, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado, o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3 % del total casos. En 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas familiares que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones.

 

La integralidad de este Servicio se comprueba en el hecho de que, en el caso de 902 familias, los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades en las familias, además de la propia de la vivienda por la que habían acudido al servicio, lo que ha posibilitado la generación de otro tipo de prestaciones, en total, 1.939. Entre las prestaciones concedidas se encuentran 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita.