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Más de 100 organizaciones denuncian "las maniobras trasvasistas, centralistas y privatizadoras del gobierno en la gestión nacional del Agua"

Según la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, los cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Tiétar o el Ebro sin ningún acto legislativo adicional

13.11.2013

En base al Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia relativo al trasvase Tajo-Segura, un grupo de expertos vinculados a las regiones del Segura, y conocidos por su férrea defensa de los trasvases a esta cuenca, ha elaborado en secreto y con total opacidad, la modificación no solo del régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional, en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013 en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso, que dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país. Todo ello sin absolutamente ningún debate ni información pública, y eludiendo cualquier participación de importantes Comunidades Autónomas que podrán verse afectadas por esta regulación, como Aragón, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, etc.

 

Estos cambios sientan la base legal para “poner en orden”, en beneficio de los intereses trasvasistas, la asignación y redistribución de recursos a nivel nacional, cuyos elementos clave son: autopistas del agua, ente suprarregional estatal que asigne recursos entre distintas cuencas, ya sean trasvases o cesiones de agua, y entrada de la inversión privada.

 

 Parece claro que los nuevos trasvases o ampliaciones de los existentes ya no se van a denominar así, sino "cesiones intercuencas".


El nuevo plan hidrológico comienza aquí, y su primera piedra son estas dos enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental. Posteriormente, solo será cuestión de dar entrada a la inversión pública o preferentemente privada para construir esas autopistas del agua, y desarrollar los aspectos fundamentales del “nuevo modelo de gestión del agua” mediante Reales Decretos del Gobierno, o incluso órdenes ministeriales.

 

¿Qué está pasando?
De facto el Partido Popular introduce por la puerta falsa modificaciones muy importantes a la Ley de Aguas y al Plan Hidrológico Nacional que les permitiría desarrollar, sin pasar de nuevo por el Parlamento:


Una Agencia Nacional o ADIF del Agua que centralice las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima de las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas.


Un banco nacional del agua en el que los usuarios, principalmente regantes, puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas, posibilitando trasvases privados de agua.
Una red de “autopistas del agua” con capital preferentemente privado, que eufemísticamente sustituiría el polémico término “trasvase”.
Una privatización de la gestión del agua y de los trasvases.

 

¿Por qué es importante?
Eliminar estas enmiendas es importante:
Para no dejar únicamente en las manos de la Dirección General del Agua la toma de decisiones que deben consensuarse en los territorios.
Para evitar que puedan llevarse a cabo nuevos trasvases como el trasvase del Ebro, por la puerta de atrás y sin informar a los ciudadanos.
Para evitar que el agua de todos pueda ser comprada y vendida al mejor postor transfiriéndola a muchos kilómetros del río por el que debe circular.

 

¿Qué hay que hacer?
Es necesario que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental sea retirado y se tramite como dos iniciativas diferentes, una, la de la evaluación ambiental, y otra, en su caso, con la normativa de aguas. Ambas iniciativas deben contar con el suficiente debate y participación pública.

 

En cualquier caso las organizaciones firmantes se oponen a:
El Memorándum Tajo-Segura.
El mantenimiento de los trasvases.
La privatización de la gestión del agua.

 

SE ADJUNTA EL LISTADO DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

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