Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42

El magistrado asegura que los seis mandos militares que estaban imputados hasta este momento no habrían podido evitar el accidente aéreo
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán.

El magistrado asegura que los seis mandos militares que estaban imputados hasta este momento no habrían podido evitar el accidente aéreo dado que no tenían capacidad para ello. Reconoce la gravedad de los hechos pero indica que hubo una "ausencia de responsabilidad penalmente relevante".

"No fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación", especifica el juez en un auto hecho público este jueves.

La causa se dirigía contra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Carlos Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas.