Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León, detenido por la trama por adjudicaciones por comisiones ilegales

Martínez, (centro) acompañado de Rodrigo (izquierda) y Gonzaléz

El presidente de la Diputación de León y alcalde de la localidad leonesa de Cuadros por el Partido Popular, Marcos Martínez, ha sido detenido por la trama por adjudicaciones por comisiones ilegales.

Marcos Martínez ha abandonado el edificio que acoge la Diputación de León a primera hora de la mañana en un vehículo en el que iba acompañado por tres Guardias Civiles

 

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

 

Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes.

 

Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.

 

Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia.

 

Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial.

 

El sucesor de Isabel Carrasco durante lo que resta de mandato fue designado como senador por la provincia de León para ocupar el puesto que dejó vacante Mario Amilivia cuando pasó a ocupar la presidencia del Consejo Consultivo de Castilla y León, cargo incompatible con su condición de parlamentario. Martínez fue nombrado en otoño de 2007 y ocupó el escaño de senador durante unos tres meses.

 

¿ACUSADO POR DELITO DE OGANIZACIÓN CRIMINAL?

 

En su toma de posesión, Martínez apostó por seguir una línea de continuidad "con responsabilidad, valentía y coraje" y "con el convencimiento de que la senda marcada es la correcta".

La Fiscalía explica que los detenidos en esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil formaban "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.

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