Los vecinos de Las Arribes llevan sus protestas por el cierre de las urgencias hasta el pleno de la Diputación

La plataforma “Arribes quiere vida” ha apoyado la moción presentada por el PSOE, que ha tildado a los diputados populares de “esclavos de su partido”
La Plataforma contra el cierre de las urgencias médicas nocturnas en Villarino y Barruecopardo ha acudido esta mañana al salón de plenos de la Diputación de Salamanca con el ánimo de que sus protestas fueran escuchadas en la sesión ordinaria que se ha celebrado.

Decenas de vecinos de las Arribes, junto a representantes sindicales de CC.OO. y UGT, han estado presentes en La Salina desde el inicio del pleno ordinario, y ha sido en el momento en que el PSOE ha presentado una moción sobre el cierre de los centros de urgencias cuando los presentes han mostrado camisetas de apoyo en las que podía leerse “Arribes quiere vida”. Ante esta actitud, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha pedido a los miembros de la plataforma que cesaran en su actitud, pero finalmente les ha permitido mostrar el mensaje de sus camisetas.

La moción presentada por el Partido Socialista, a través del diputado provincial y alcalde de Hinojosa, José Francisco Bautista, ha calificado el cierre de los centros de urgencia de Villarino de los Aires y Barruecopardo como una “indecencia” por parte del Partido Popular, y ha asegurado que esta situación asegura que ha provocado “situaciones rocambolescas” y que pone “en juego la vida de más de 4.000 personas”. Además, ha manifestado su falta de entendimiento hacia la medida “en una zona que vota mayoritariamente al PP”.

De este modo, el PSOE ha propuesto para su aprobación la adopción de los varios acuerdos: la reapertura de los centros de urgencias cerrados, la dotación de los mismos del personal y los medios necesarios, priorizar la lejanía de los hospitales y la elevada edad de su población para mantener esos centros en activo y, por último, la dimisión del consejero de Sanidad, ya que consideran que “ha puesto en grave riesgo la vida de los habitantes de la comarca y de aquellos que visitan Las Arribes”.

Ha sido precisamente este último punto el que ha provocado la polémica en el pleno, ya que los diputados del Partido Popular han mostrado su disposición para aceptar los tres primeros acuerdos, pero han considerado la exigencia de la dimisión del consejero como “una medida de presión”, en palabras del diputado José María Sánchez.

Esta respuesta ha motivado la acusación de José Francisco Bautista hacia los diputados populares, a los que ha tildado de “esclavos de su partido”, y ha sugerido que su principal preocupación es “mantener sus sillones y no ofender a sus jefes de Valladolid”. A causa de este desacuerdo, la moción no ha sido aprobada, con 16 votos del PP en contra por 9 votos del PSOE a favor.

Esta circunstancia ha motivado las protestas de los vecinos de Las Arribes presentes en el pleno, que se han sucedido, sobre todo, durante las intervenciones de los diputados populares. El diputado socialista José Francisco Bautista se ha unido a ellos en señal de apoyo. A causa de la reiteración en las interrupciones, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha suspendido el pleno durante diez minutos, y la Policía Nacional ha entrado en el edificio para invitar a los manifestantes a salir. Los vecinos de Las Arribes abandonaron la Diputación sin que se produjera ningún altercado.

En otro orden de cosas, en el pleno ordinario se aprobaron por unanimidad el Acta de la última sesión, así como el nombramiento de Manuel Rufino García como representante de la Diputación de Salamanca en el Patronato de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

Además, se aprobaron con los votos del PP y las abstenciones del PSOE los convenios de colaboración con los Obispados de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia para la ejecución de obras de reparación de iglesias y ermita en las Diócesis de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia. La Diputación de salamanca aportará 480.000 euros, de los que 300.000 corresponden al convenio con el Obispado de Salamanca, 120.000 euros al de Ciudad Rodrigo y 60.000 al de Plasencia.

También se aprobó por unanimidad la contratación de la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, que tiene un valor global estimado para los dos años de duración inicial del contrato de 20.979.856 euros. Los diputados del PSOE y del PP protagonizaron otra polémica a costa de la moción presentada por los primeros para que la Diputación pida fondos a la Junta de Castilla y León para obras y servicios en algunos ayuntamientos de la ciudad.