Los tribunales anulan el nombramiento 'a dedo' del Adjunto al Interventor y el Tesorero General de la Diputación de Salamanca

Javier Iglesias, a su llegada a los juzgados para declarar por las contrataciones en la agropecuaria.

El TSJ de Castilla y León conmina a la institución provincial a ejecutar de manera efectiva la sentencia que invalida estos cargos. La Diputación ha evitado cumplir cesando y volviendo a nombrar a los mismos titulares por libre designación cuando es un puesto de categoría superior.

La Diputación de Salamanca tiene sobre la mesa un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula los nombramientos de dos de los cargos más importantes en el organigrama de la institución, los de Adjunto a la Intervención y Tesorero General. Nombramientos que ha Diputación que preside Javier Iglesias ha hecho en régimen de libre designación y 'a la carta', lo que le permite dar entrada a funcionarios de categoría segunda cuando son puestos pensados para categoría superior.

 

Nombramientos con los que se habría saltado de manera reiterada sentencias judiciales que declaran nulos estos nombramientos y los posteriores intentos de esquivar la ejecución de las sentencias. Una situación que deja en el aire dos puestos de vital importancia para el funcionamiento de la Diputación y que plantea también dudas sobre las fórmulas del Gobierno de Javier Iglesias para cubrir puestos fundamentales.

 

La situación ha explotado el pasado 12 de marzo de 2014 cuando, según ha podido comprobar TRIBUNA de Salamanca, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha comunicado a la Diputación de Salamanca un auto en el que anula la incorporación de M. F. V. y F. M. M. como Adjunto a la Intervención y Tesorero General, respectivamente. Esta decisión judicial responde a una reclamación para que se ejecutara una sentencia de noviembre de 2010, cuando el propio tribunal regional dictaminó que había que acatar la sentencia que declaraba incorrecta la adjudicación, que se inicia en 2007, de estos dos puestos.

 

Ahora, el TSJ conmina a la Diputación a ejecutar la sentencia de manera definitiva, algo que la institución ha estado evitando todos estos años. Según el auto, la Diputación ha recurrido a una práctica concreta: cesar y volver a nombrar a los titulares de estos dos puestos para simular el cumplimiento de las sentencias. El TSJ recoge en el auto las reclamaciones de la parte demandante, que considera "las actuaciones practicadas por la Diputación Provincial de Salamanca constituyen una 'burla' de lo acordado".

 

El auto hace referencia a las innumerables ocasiones en las que la Diputación ha recurrido a cesar y nombrar de manera casi simultánea a los titulares de estos puestos para evitar la ejecución efectiva de las sentencias que consideran su nombramiento incorrecto. Así ha ocurrido bajo el mandado de Javier Iglesias, cuando el 28 de abril de 2011 el pleno cesaba y, simultaneamente, nombraba a M. F. V. como Adjunto a la Intervención, situación que se repite en mayo de 2012. Además, en el auto el TSJ considera que esta manera de obrar "constituye en realidad una vía indirecta para frustrar los efectos de la sentencia pronunciada", "consiguiendo que los funcionarios cesados sigan ocupando los mismos puestos o semejantes sin que para su cobertura se observen los correspondientes procedimientos provisorios".

 

El problema es que, según las sentencias, este puesto de Adjunto a la Intervención está reservado a los funcionarios de categoría superior, pese a lo cual la Diputación ha optado por cubrirlo por libre designación y con reserva de pusto a la categoría segunda, lo que le permite esquivar el cumplimiento de los mandatos sobre los puestos de trabajo y las condiciones de quiénes deben asumirlos. El puesto tiene un complemento específico de algo más de 33.000 euros al año. Y lo referido para el puesto de Adjunto a la Intervención rige, según el auto del TSJ, para la incorporación de F. M. M. al puesto de Tesorero General.

 

Esta situación agrava las sospechas sobre las prácticas que, en materia de contratación, sigue la Diputación de Salamanca. No hay más que recordar el caso que tiene a Javier Iglesias y al diputado de Ferias en el juzgado por la contratación 'a dedo' de varias personas para los preparativos de la feria agropecuaria, contratos que se hicieron supuestamente a personas vinculadas al PP y a la Diputación, y para lo cual se despidió a los empleados que llevaban a cabo estas labores habitualmente. Fuentes sindicales lamentan la práctica habitual en la Diputación de diseñar puestos 'a la carta', con perfiles diferentes a lo que se requiere, para poder cubrirlos por el sistema de libre designación.

 

Ahora, la Diputación tiene quince días para proceder a ejecutar la sentencia de manera correcta y efectiva, aunque habrá que ver si no opta por aplicar de nuevo el sistema de cesar y volver a nombrar a los mismos titulares. De momento, está condenada en costas, aunque también puede recurrir el auto.

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