Los traspiés judiciales de Javier Iglesias le cuestan medio millón de euros a la Diputación

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

Las sentencias desfavorables por los despidos de IFESA, el contrato de seguridad o por no respetar los nombramientos obligan a pagar 500.000 euros en indemnizaciones.

El equipo de Gobierno de Javier Iglesias está demostrando poco tino en los juzgados, y eso le va a costar un pico a la Diputación de Salamanca. En los últimos tiempos, las numerosas sentencias contrarias a la institución provincial se han ido convirtiendo en firmes a pesar de los recursos judiciales que, además de fallidos, encarecen lo que al final acaban costando ciertas decisiones. En total, casi 500.000 euros con tres casos recientes.

 

Este último viernes, el pleno de la Diputación ha tenido que aprobar un suplemento de crédito para pagar de manera inmediata la cuantía de varias condenas judiciales que se le han acumulado en los últimos tiempos. Este suplemento de crédito es necesario para atender, en primer lugar, lo que reclama la anterior empresa concesionaria del servicio de seguridad. Según una sentencia de marzo que TRIBUNA ya adelantó, el juzgado de lo contencioso-administrativo había condenado a la Diputación de Salamanca a pagar 202.842 euros a la empresa VASBE, que fue concesionaria de los servicios de vigilancia y seguridad de la Diputación.

 

La cantidad corresponde a una parte del contrato firmado para proporcionar los citados servicios entre 2010 y 2012 por un valor de 1,6 millones de euros y que La Salina se negó a abonar en su día saltándose los términos del contrato. Durante 2010 y 2011, la empresa facturó sus servicios a un precio fijo, 57.643 euros al mes; y también lo hizo en 2012, pero a 68.912: la Diputación se negó a abonar los servicios a ese precio.

 

Además, ha habido que dotar otra cantidad de 22.000 euros que corresponde con la reclamación que ha planteado una persona que tenía el derecho adquirido para ocuar el tesorero, un puesto en el que la Diputación ha tenido en el pasado varias sentencias en contra por la forma en la que se ha cubierto. Sin embargo, esa cantidad es una indemnización por no haber respetado los derechos de este trabajador, que lo denunció en los juzgados y que ha gando, por lo que ha podido reclamar el daño producido.

 

En enero, los juzgados condenaban a la Diputación de Salamanca a pagar los salarios no abonados hasta su despido (52.265 euros, solidariamente con IFESA), el salario de tramitación (42.384 euros) y la indemnización completa (170.490 euros) por el despido de los tres trabajadores de IFESA, la institución ferial que Javier Iglesias dinamitó para organizar en exclusiva la Feria Agropecuaria Salamaq.

 

En total, 265.000 euros por el capricho de acabar con algo que funcionaba y quitarse de encima a los socios que tenía en IFESA, para organizar desde presidencia una feria mucho más cara y que Iglesias se empeña en presentar como mejor, cuando arroja los mismos resultados que la histórica agropecuaria. Todo ello con un importante déficit que ronda los 600.000 euros cuando IFESA lograba cuadrar las cuentas.

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