Los trabajadores de las Cámaras Agrarias, preocupados por su futuro ante el recorte de ayudas de la Junta

Los profesionales reivindican la labor de estas instituciones con el sector agroganadero
El personal laboral de las Cámaras Agrarias Provinciales de la Comunidad de Castilla y León se reunió en Valladolid ante la incertidumbre surgida por la publicación del proyecto de presupuestos de nuestra comunidad para 2012, en el que se rebaja la partida para las Cámaras Agrarias en más de un 63 por ciento, limitándose a 700.000 euros (el año anterior fue de 1.900.000 euros). Este presupuesto hace inviable el funcionamiento de estas Corporaciones de Derecho Público, tuteladas por la Junta de Castilla y León y que están al servicio del sector agrario.

De esta manera se pone en riesgo los puestos de trabajo del personal laboral de estas Entidades, así como el trabajo que en pro de agricultores y ganaderos se está llevando a cabo, a través de las casi 1.900 Juntas Agropecuarias de Castilla y León, según señalan en un comunicado los propios trabajadores.

Como consecuencia de falta de tesorería en las Cámara Agrarias de Castilla y León, motivada por no haber recibido la transferencia directa de la Junta de Castilla y León correspondiente a este ejercicio, varios trabajadores no han percibido los salarios correspondientes al mes de mayo, y otros no podrán recibir su nómina de junio.

"Se han enviado escritos a los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León en las distintas provincias para solicitar una entrevista al Presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera, para exponerle esta situación, así como las funciones que en pro del sector agrario se vienen realizando desde las distintas Cámaras Agrarias Provinciales, tales como":
  • Tutela y asesoramiento de las 1.900 Juntas Agropecuarias Locales de Castilla y León, que son herederas directas de las extinguidas Cámaras Agrarias Locales, al amparo Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recursos agropecuarios locales y de la tasa por aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras.
  • Promoción y constitución de nuevas Juntas Agropecuarias Locales.
  • Gestión de los patrimonios de las Juntas Agropecuarias Locales, que ha sido generado por los agricultores y ganaderos de nuestra región y está afecto al interés general agrario, sin que se pueda disponer a otros efectos.
  • Redacción y tramitación de Ordenanzas de aprovechamientos de Pastos, Hierbas y Rastrojeras y propuestas de tasación de los mismos.
  • Redacción de contratos y ejecución de repartos de aprovechamientos de Pastos Hierbas y Rastrojeras y de caza.
  • Tramitación de los códigos de explotación agrarios (CEAS de pastos en Ordenación Común) para Juntas Agropecuarias Locales.
  • Tramitación de permisos, licencias y subvenciones.
  • Gestión de impuestos.
  • Participación en Convenios de Colaboración: en materia de plagas, análisis de Suelos y análisis de cereales.
  • Actuaciones destinadas a la atención de los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla y León (reuniones sectoriales agrarias) etc.
  • Actuaciones divulgativas de interés agrario, tales como jornadas, debates, circulares informativas o página web.
  • Cesión de maquinaría de uso común para arreglo de caminos, plantación de árboles y colocación de postes para cercas, eliminación de arbustos en caminos y parcelas y tratamientos de plagas en árboles y cultivos arbustivos.
  • Elección de representantes de los ganaderos en las Comisiones Locales de Saneamiento Ganadero.
  • Colaboración en la demarcación de las Vías Pecuarias.
  • A todo ello, deben añadirse las funciones establecidas por el artículo 6 de la Ley de Cámara Agrarias, de 6 de abril de 1995, que consisten en: actuar como entidades de consulta y colaboración con la Administración de la Junta de Castilla y León en materia de interés general agrario, emitiendo informes o estudios (preceptivos en varios supuestos); administrar los recursos y patrimonio propios; ejercer las funciones que delegue en ellas la Junta de Castilla y León, teniendo a tal efecto la consideración de oficina pública.