Los sindicatos se niegan a dar el visto bueno a la reestructuración de plantilla de Javier Iglesias

Iglesias y García Sierra acompañados de sus abogados en el Juzgado (Foto: Cynthia Duarte)

Consideran que se ha fijado la Relación de Puestos de Trabajo al margen de la obligación legal que tiene la corporación de negociarla con las Organizaciones Sindicales por lo que acusan de "oscurantismo y arrogancia" al Presidente de la Salina. 

Las Secciones sindicales: UGT, CC.OO, CSIF y USO así como la Comisión Permanente del Comité de Empresa y de la Junta de Personal de la Diputación de Salamanca ha salido al paso tras conocerse la aprobación de los presupuestos provinciales para el ejercicio 2016 y han manifestado su malestar por la reestructuración de plantilla de Javier Iglesias.

 

Así lo expresan en un comunicado en el que destacan tres puntos. A saber:

 

1. Que si se ha cuantificado el importe de los presupuesto, quiere ello decir que se han fijado la cuantía que se destinará a gastos de personal, o lo que es lo mismo, se ha fijado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el 2016, con la creación o supresión de puestos de trabajo, así como sus niveles, complementos específicos, forma de provisión y funciones encomendadas; todo ello realizado de forma secreta.

 

2. Que dicha RPT se hace al margen de la obligación legal que tiene la corporación de negociarla con las Organizaciones Sindicales, cercenando su legítimo derecho a poner sobre la mesas todas las cuestiones que afectan a los trabajadores.

 

3. El oscurantismo, como en ejercicios anteriores, es un ejemplo de la arrogancia, desconsideración, menosprecio y ultraje a la labor de los representantes sindicales para la defensa de los intereses de todos los trabajadores. Y este oscurantismo (en una Administración tan “transparente”) siempre responde a algo.

 

Ante esta actitud para que se conozca los criterios de la política de personal que se quieren establecer y que afecta a casi 900 trabajadores, las organizaciones sindicales emplearan todos los medios posibles para impedir que se imponga una RPT (reformada), fuera de todo proceso de negociación y, al igual que la corporación se ha tomado su tiempo para elaborarla (6 meses), exigimos que se facilite con la debida antelación para un estudio profundo del alcance de la misma.

 

Por otra parte, continúa la nota emitida por los sindicatos, "es una actitud irreverente con la dignificación del empleado público, irresponsable con el reto de la modernización y la eficacia de esta Administración (imposible si no se cuenta con empleados motivados y partícipes), que encuentra a todas las organizaciones sindicales en el otro lado", finaliza. 

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