Los papeles de la financiación irregular del PP salmantino 'calcan' las prohibiciones de la nueva ley de partidos

La nueva ley, que ha entrado en vigor hoy mismo, contempla muchas de las supuestas malas prácticas del partido en Salamanca: las aportaciones de empresas concesionarias de servicios, el pago por terceros de actividades del partido o las aportaciones indirectas.

Esta mañana ha entrado en vigor la nueva ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, la norma con la que se trata de poner coto a las prácticas que casos como la pieza separada de la trama 'Gürtel' y las revelaciones de Luis Bárcenas han puesto en evidencia. Y que también atiende a los supuestos de financiación irregular que salieron a la luz con la publicación de los 'papeles' del PP salmantino, la documentación que revelaba la presunta financiación irregular de los 'populares' en la provincia.

 

De hecho, muchas de las prácticas que se documentan en esos 'papeles' del PP de Salamanca casan con las nuevas prohibiciones que refleja la Ley orgánica, una normativa que viene a cubrir las lagunas que ha se ha demostrado tienen la ley de partidos, la de financiación de los mismos y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas a la hora de fiscalizar a las formaciones políticas.

 

Es el caso de los nuevos preceptos sobre las donaciones. Aunque en 1999 ya se prohibía que empresas que tuvieran contratos con la administración pudieran hacer aportaciones a los partidos políticos, pero ahora se concreta de manera más clara: no estarán permitidas las donaciones por esta vía, ni directas ni indirectas, y tampoco de personas físicas que sean parte de un contrato vigente. En el caso de la presunta financiación irregular del PP salmantino, varias de las empresas a las que se cita en un documento autógrafo de Fernando Rodríguez y que aparecen junto a cantidades económicas que aportarían al presupuesto de campaña tenían contratos con la administración.

 

Otra de las nuevas restricciones que introduce la ley orgánica es la de las denominadas operaciones asimiladas, que no es otra cosa que aceptar que un tercero pague una actividad propia del partido. Según el documento con las cuentas del PP salmantino para la campaña de 1999, Fernando Rodríguez apuntó a Seragua el pago de los PIP, los llamados Puntos de Información Popular, donde el partido repartía propaganda. A partir de ahora, los partidos no podrán aceptar que terceros asuman el coste de la adquisición de bienes, obras o servicios.

 

Esta es una práctica que el propio Rodríguez reconoció a 'El País' en su día. "Hay empresas contratistas del Ayuntamiento que no hacían aportaciones a la campaña monetariamente, sino que lo que hacían era en muchos casos colaborar, cerrar acuerdos de colaboración informativos o publicitarios con medios de comunicación locales", aseguró en una información del citado medio. En este supuesto casa perfectamente la situación de dos medios de comunicación citados en los papeles como colaboradores del partido de manera indirecta.

 

El nuevo texto introduce las infracciones correspondientes y el régimen sancionador, que incluye multas económicas. Las infracciones muy graves, entre las que se cuentan las relacionadas con las aportaciones irregulares a la financiación del partido y sus actividades, prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los dos años. Algo aparentemente poco operativo si no se mejoran los tiempos de fiscalización del Tribunal de Cuentas: la nueva ley introduce un plazo menor para que examine las cuentas de los partidos, pero actualmente lleva un retraso de dos años...