Los frentes políticos (II): Iglesias ante el juez por prevaricación y los ataques a la Agromaq

Iglesias y Ortiz, entrando en el Juzgado de Salamanca. Foto: Toño González

El presidente de la Diputación y el diputado de ferias tuvieron que explicar en el juzgado la contratación de personal vinculado al PP para la feria agropecuaria, mientras Diputación y Ayuntamiento se unen para finiquitar el histórico certamen.

Aunque ya es frecuente en la política nacional, el presidente de la Diputación de Salamanca ha tenido el dudoso honor de ser uno de los primeros políticos del ámbito salmantino que pasa por el juzgado para responder de una gestión. El caso ha protagonizado parte del último trimestre de 2013 y todavía está por ver si el juzgado sigue adelante con las diligencias e imputa un delito al presidente de la institución provincial. El motivo, la supuesta contratación 'a dedo' de varias personas vinculadas al PP para ocupar el sitio de trabajadores de la Agromaq a los que se despidió.

 

El origen del proceso es una querella del grupo socialista en la Diputación en la que se denuncia la contratación irregular de varios trabajadores para los trabajos previos de la Agromaq en los años 2011 y 2012. Los trabajadores, además de haber sido contratados de forma irregular, pertenecerían al Partido Popular, por lo que se presume el delito detráfico de influencias. Aquellas contrataciones supusieron además eldespido de otros trabajadores para situar a estos en su lugar mediante despidos improcedentes, lo que habría causado un importante perjuicio a las arcas de IFESA (Institucion Ferial de Salamanca), lo cual recae presuntamente en el delito de malversación. Y en último lugar, las decisiones se tomaron por ambos saltándose a conciencia los procedimientos administrativos legales, lo que es el principal argumento para la acusación de prevaricación.

 

El día 30 de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca admitía a trámite la querella y procedía a iniciar las diligencias previas por encontrar indicios del delito de prevaricación. Entre las actuaciones previas, decide que el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el diputado de ferias, Jesús María Ortiz, declaren en el juzgado el día 16 de octubre. Pronto el PP sale en defensa de los imputados y el propio alcalde de Salamanca y secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, asegura sentirse "tranquilo" y "orgulloso" de Iglesias.

 

El día fijado, Iglesias llegó acompañado de Ortiz y del equipo jurídico de la Diputación para declarar durante cerca de dos horas; a su salida, no quiso hacer declaración alguna a pesar de la nutrida presencia de medios informativos. Horas después, en solitario, saldría Ortiz, que habría firmado los documentos que podrían atestiguar las irregularidades, y que el PSOE ha presentado. Pese a su silencio, Iglesias no logró evitar que la noticia tuviera una enorme trascendencia en Castilla y León. Y el proceso ha seguido adelante con más declaraciones ante el juez a mediados de diciembre. La decisión del juez de continuar con las diligencias puede dar una nueva dimensión al caso durante 2014 y enrarecer todavía más el ambiente político en torno a la Agromaq e IFESA.

 

SENTENCIA A LA AGROMAQ

 

En 2013 la Diputación y el Ayuntamiento han ejecutado su plan para hacerse con el control total de IFESA, la institución ferial que desde hace 30 años ha organizado la Agromaq, feria de referencia en el ámbito ganadero. Y de paso, ambas instituciones han liderado una propuesta para acabar con la agropecuaria y suplantarla por una nueva feria bajo el control de la Diputación.

 

Por un lado, y con la excusa de que no dependiera a efectos de déficit de ninguna otra institución, Diputación y Ayuntamiento han impulsado un proceso para expulsar a todos los socios de IFESA. La institución ferial ha tenido históricamente participación de la Cámara de Comercio, la Cámara Agraria, Confaes y Caja Duero-España, además de Ayuntamiento y Diputación. Ambas instituciones promulgaron con la mayoría del PP en sus respectivos plenos cambios en los estatutos de IFESA para quedarse con la totalidad de las participaciones de la institución ferial y controlarla sin interferencias. Una medida a la que Cámara y Confaes se han opuesto hasta no conocer con detalle las cifras de IFESA.

 

La respuesta de la Diputación fue tajante: si no podía controlar IFESA, esta dejaría de organizar la Agromaq. Para ello, llevó el día 17 de octubre a la asamblea de la institución ferial una propuesta para que no pidiera la organización de la feria agropecuaria, lo que significaba su desaparición. No sirivió de nada la advertencia de Confaes sobre las posibles responsabilidades económicas de la decisión, ni la propuesta de la Cámara para asumir el coste de que IFESA siguiera organizando la histórica feria agroganadera. La Diputación sacó adelante su propuesta con los votos a favor de Ayuntamiento y Caja Duero/Ceiss; la abstención de la Cámara Agraria y la negativa de Cámara y Confaes no fueron suficientes.

 

No obstante, la decisión se tomó saltándose plazos y aprovechando la delicada situación de Caja Duero-España. La asamblea se convocó con menos margen de lo previsto y, especialmente, contó con una presencia extraña. Ceiss envió a un nuevo representante, que no había participado nunca en decisiones de IFESA, y que tuvo el voto decisivo. Lo curioso es que su condición de representante expiró solo dos días después de la decisión, lo que podría explicar la premura de la convocatoria de la Diputación.

 

A la Diputación no le ha temblado el pulso para acabar con un emblema del sector como la Agromaq y ha lanzado su propia feria agropecuaria, que organizará en solitario, todo ello, sin que se haya clarificado realmente la situación de IFESA.

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