Los frentes políticos (I): la 'torre de fuego' y el caso 'Malotas'

La inversión de 1 millón de euros en una instalación defectuosa e inservible terminó en movimiento social contra Fernández Mañueco, que ha tenido que renunciar a su proyecto para financiar con dinero público un 'oscuro' poligono industrial privado.

El año que termina ha estado protagonizado en la política local por un buen número de escándalos que, además, de jalonar este 2013, llegan 'vivos' al nuevo año y se tienen que sustanciar en los próximos meses. El caso 'Malotas', la querella que ha llevado a Javier Iglesias ante el juez, los 'favores' del McDonald's o las protestas por la 'torre de fuego' son algunos de los frentes que han protagonizado el año y que llegan abiertos a 2014.

 

Asuntos que se han desgranado a lo largo de los últimos meses y que han puesto sobre la mesa tratos de favor, malversación, despilfarro, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimientos de la normativa y proyectos políticos de dudosa catadura. De todos ellos, el que más se ha prolongado en el tiempo es el de la 'torre de fuego'.

 

Pocas semanas después de arrancar el año, una protesta de los agentes del servicio de extinción de incendios de la capital desencadenaba una polémica que aún colea. El 23 de febrero, el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, acudía a la puesta de largo de la nueva 'torre de fuego', un equipamiento instalado en la torre del parque de bomberos para el entrenamiento de los agentes. Un grupo de bomberos mostraba ante el alcalde su disconformidad con la cuantiosa inversión, de más de un millón de euros, que consideraban un despilfarro inútil. Las protesta supuso un expediente y la sanción de un mes de empleo y sueldo para 16 de ellos. 

 

Sin embargo, detrás de aquella protesta había algo más que una acción simbólica contra una política de gasto dudosa. Un informe realizado poco antes de su estreno, y que desvela este medio, ponía de manifiesto que la inversión había supuesto la compra de un equipamiento deficiente, con muchas carencias, inservible para el entrenamiento y que había salido extraordinariamente más cara que otras similares. De hecho, el 1.030.000 euros invertidos eran el doble que todo el parque de bomberos de Ciudad Rodrigo y equipamientos similares en otras localidades del país habían costado en torno a los 200.000 euros. Cerca de 2.000 personas, entre bomberos de toda España, colectivos sociales y políticos protestaron el día 15 de diciembre no solo contra la sanción a los 16 de Salamanca, sino contra el despilfarro de un gasto avalado por el alcalde, Fernández Mañueco, que firmó una subvención de más de 600.000 euros para ejecutarla cuando era consejero de Interior y Justicia. Y que no dudó en convertirlo en argumento de campaña cuando presentó su candidatura a la alcaldía. El asunto saltará a 2014 con el recurso presentado por los sancionados que puede suponer un revés para el alcalde.

 

CASO 'MALOTAS'

El proyecto para promover con dinero público un polígono industrial de inversores privados ha despertado el rechazo más unánime de todo el año: oposición, partidos políticos como IU, Equo o UPyD, sindicatos, Cámara de Comercio, empresarios... todos clamaron en contra de un proyecto que pretendía gastar 3,5 millones de euros en suelo industrial cuando los polígonos tienen decenas de naves vacías por falta de iniciativas y cuando hay sitio para los emprendedores en otros equipamientos como los viveros de empresa. Sin embargo, no fue impedimento para que el equipo de Gobierno de Fernández Mañueco urdiera toda una estrategia a la que finalmente, tuvo que renunciar ante la presión.

 

El proyecto se anuncia en diciembre de 2012 como la inversión en un nuevo polígono público, pero no es hasta mayo que el Ayuntamiento aprueba la inversión de cerca de 3,5 millones de euros en un nuevo polígono, conocido por Las Malotas por el sector en el que se asienta. La decisión sorprende a todo el mundo y pronto empiezan a conocerse los detalles del proyecto. La iniciativa es privada, está parada por falta de demanda de suelo industrial y detrás de ella están, entre otros, empresas del presidente de La Gaceta Regional, Pedro Díaz, o de un investigado en el caso 'Malaya', dueños de varias de las parcelas en que se divide el terreno del proyectado polígono. Para sacarlo adelante, el Ayuntamiento cambia los estatutos del Patronato Municipal de Vivienda para que pueda promover polígono y, luego, aprueba que esta sociedad municipal pública aporte 2,5 millones de euros para hacerlo.

 

Pero lo más grave es que nadie en el empresariado salmantino entiende una actuación así. En un principio, el Ayuntamiento alude a consultas con Cámara y Confaes sobre la necesidad de suelo industrial, pero pronto se desvela la mentra: la institución cameral y la patronal dejan clara su postura con una campaña informativa a las empresas en la que ponen de manifiesto los detalles de la inversión y un hecho, que cerca del 50% del suel industrial de la capital está vacío actualmente. El Ayuntamiento responde con una carta publicitando sus discrepancias con Cámara y Confaes, que envía a todas las empresas salmantina y que paga con dinero público.

 

Las asociaciones empresariales y asociaciones como IU o Equo anuncian alegaciones al proyecto con el objeto de impedir su desarrollo, objetivo hasta ahora conseguido: hace meses que el Ayuntamiento asume que no se hará y no se han consignado partidas específicas ni en el prespuesto municipal ni en el del Patronato de Vivienda.