Los entes pĂşblicos podrĂĄn hacer despidos colectivos con 20 dĂ­as

Se tendrĂĄn en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente

Los entes, organismos y entidades pĂşblicas podrĂĄn acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas econĂłmicas (con indemnizaciones de 20 dĂ­as por aĂąo trabajado) para desprenderse de personal laboral si la AdministraciĂłn PĂşblica de la que forman parte hubiera tenido dĂŠficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crĂŠdito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrĂĄn en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecuciĂłn presupuestaria, segĂşn consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensiĂłn de contratos y reducciĂłn de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el BoletĂ­n Oficial del Estado (BOE).

El reglamento, en vigor desde este miĂŠrcoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinciĂłn (despidos colectivos), de suspensiĂłn y de reducciĂłn de jornada, y regula ademĂĄs el procedimiento que deberĂĄ utilizar el sector pĂşblico en estos mismos casos y sĂłlo con efectos sobre su personal laboral.

En cuanto a los ERE del sector pĂşblico, en el reglamento se especifica que se entenderĂĄn que concurren causas econĂłmicas cuando se produzca una situaciĂłn de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiaciĂłn de los servicios pĂşblicos, considerĂĄndose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

Se precisa, no obstante, que se entenderĂĄ que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la AdministraciĂłn PĂşblica en la que se integra el departamento, Ăłrgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situaciĂłn de dĂŠficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los crĂŠditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al Ăłrgano, ente, organismo o entidad, o sus crĂŠditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

Se podrĂĄ iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 dĂ­as, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la AdministraciĂłn General del Estado, consejerĂ­as de las comunidades autĂłnomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la AdministraciĂłn Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

TambiĂŠn se podrĂĄ poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el nĂşmero de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de mĂĄs de 300 trabajadores.

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condiciĂłn tras un proceso selectivo tendrĂĄ prioridad de permanencia en los entes pĂşblicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la SecretarĂ­a de Estado de Administraciones PĂşblicas o autoridad autonĂłmica equivalente podrĂĄn aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.

El procedimiento de despido colectivo se iniciarĂĄ por escrito mediante la comunicaciĂłn de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (econĂłmicas, tĂŠcnicas, organizativas o de producciĂłn), dicha comunicaciĂłn deberĂĄ contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relaciĂłn con los objetivos de estabilidad presupuestaria", asĂ­ como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condiciĂłn tras un proceso selectivo.

En los despidos colectivos por causas econĂłmicas, las administraciones pĂşblicas deberĂĄn acreditar que existe la mencionada situaciĂłn de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos Ăşltimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los crĂŠditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenaciĂłn de recursos humanos (si ĂŠste se ha tramitado), y una certificaciĂłn del responsable de la oficina presupuestaria u Ăłrgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA SI AFECTA A MÁS DE 50 TRABAJADORES
AdemĂĄs de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrĂĄ que enviar una copia de la comunicaciĂłn de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. TambiĂŠn tendrĂĄ que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonĂłmica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la AdministraciĂłn General del Estado o a las comunidades autĂłnomas, quienes podrĂĄn acordar la aplicaciĂłn de la prioridad antes mencionada, con carĂĄcter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector pĂşblico se regirĂĄ por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o mĂĄs trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrĂĄ superar los 15 dĂ­as naturales y en el segundo no podrĂĄ sobrepasar los 30 dĂ­as.

No obstante, el periodo de consultas podrĂĄ darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberĂĄn comunicar expresamente a la autoridad laboral.

Las empresas pĂşblicas (tambiĂŠn las privadas) que pretendan un despido colectivo de mĂĄs de 50 trabajadores deberĂĄn incluir en la documentaciĂłn inicial un plan de recolocaciĂłn externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector pĂşblico, dicho plan serĂĄ elaborado por el servicio pĂşblico de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocaciĂłn autorizadas.

Al finalizar el periodo de consultas, se informarĂĄ del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la AdministraciĂłn General del Estado) o a la DirecciĂłn General competente (en el caso de comunidades autĂłnomas).