Los altos cargos no aceptarĂĄn regalos mĂĄs allĂĄ de la "cortesĂ­a" y devolverĂĄn el dinero recibido indebidamente

La prohibiciĂłn de recibir regalos es uno de los principios de actuaciĂłn a los que estarĂĄn sometidos los altos cargos

Los altos cargos a los que se aplicarĂĄ la futura Ley de Transparencia no podrĂĄn aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesĂ­a, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". AdemĂĄs, si cometen infracciones en la gestiĂłn econĂłmico-presupuestaria, deberĂĄn restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda PĂşblica.

AsĂ­ figura en el anteproyecto de Ley de Transparencia elaborado por el Gobierno y que desde las cinco de esta tarde es de acceso al pĂşblico a travĂŠs de la web 'leydetransparencia.gob.es'. El Ejecutivo someterĂĄ durante quince dĂ­as la iniciativa a las aportaciones de los ciudadanos y aprobarĂĄ despuĂŠs el proyecto de ley para su debate en las Cortes.

La prohibiciĂłn de recibir regalos es uno de los principios de actuaciĂłn a los que estarĂĄn sometidos los altos cargos de todas las administraciones pĂşblicas, a los que tambiĂŠn se les seĂąalan unos principios ĂŠticos y los supuestos en los que pueden cometer una infracciĂłn leve, grave o muy grave, con la consiguiente sanciĂłn administrativa o incluso de inhabilitaciĂłn.

Todo ello forma parte del TĂ­tulo II de la norma, dedicado al buen gobierno. En ĂŠl se incluyen unos principios que deben regir la conducta de los altos cargos, se aĂąaden las infracciones econĂłmico-presupuestarias y de tipo disciplinario, y las sanciones que conllevan.

Principios ĂŠticos: buena fe y no aceptar regalos
En el capĂ­tulo de los principios ĂŠticos que deben regir el trabajo de los altos cargos se incluye el actuar con transparencia, tener buena fe, ser imparciales, no discriminar o mantener una conducta digna. TambiĂŠn se les exigen unos principios de actuaciĂłn: mantener plena dedicaciĂłn a su trabajo, guardar reserva, dar a conocer cualquier actuaciĂłn irregular, etc.

Es en este punto donde se insta a los responsables polĂ­ticos a no aceptar regalos ni favores y a incorporarlos al patrimonio del Estado cuando sean obsequios "con una mayor relevancia institucional". A raĂ­z de los casos de corrupciĂłn, el PP aprobĂł para sĂ­ mismo un cĂłdigo de buenas prĂĄcticas en el que ya incluĂ­a esta medida, ahora convertida en ley.

Dentro de estos principios, tambiĂŠn se indica que los altos cargos no se implicarĂĄn en situaciones incompatibles con sus funciones y "no se valdrĂĄn de su posiciĂłn en la AdministraciĂłn para obtener ventajas personales o materiales".

Infracciones econĂłmico-presupuestarias
Junto a los principios, el anteproyecto detalla las infracciones. Por un lado, en materia econĂłmico-presupuestaria, calificadas todas ellas de muy graves. La primera que se contempla es la malversaciĂłn de fondos pĂşblicos; a partir de ahĂ­, se incluye una lista de otras quince infracciones, entre las que se incluye adquirir compromisos de gasto o pagos "sin crĂŠdito suficiente para realizarlos", la ausencia de justificaciĂłn de las subvenciones segĂşn la ley, asĂ­ como la administraciĂłn de la Hacienda PĂşblica sin atender a las obligaciones de liquidaciĂłn, recaudaciĂłn e ingreso en el Tesoro.

AdemĂĄs, se recorren todos los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre la reducciĂłn de dĂŠficit, la emisiĂłn de deuda, la concesiĂłn de subvenciones, la realizaciĂłn de planes econĂłmico financieros, etc. Obligaciones todas ellas cuyo incumplimiento puede ser sancionado.

Infracciones disciplinarias
El anteproyecto dedica otro artĂ­culo a las infracciones disciplinarias, entre las que existen tres categorĂ­as, de muy graves a graves y leves. Las muy graves van desde el incumplimiento del respeto a la ConstituciĂłn y los Estatutos de AutonomĂ­a al acoso laboral, pasando por cualquier discriminaciĂłn por raza, sexo, lugar de nacimiento, etc; la adopciĂłn de acuerdos manifiestamente ilegales, publicar documentaciĂłn o informaciĂłn indebida o la negligencia al custodiar secretos oficiales.

TambiĂŠn se incluyen como infracciones disciplinarias muy graves la violaciĂłn de la imparcialidad "utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ĂĄmbito".

Igualmente, se precisa que constituye una de estas infracciones la obstaculizaciĂłn de los derechos sindicales o del derecho a la huelga, asĂ­ como "el incumplimiento de la obligaciĂłn de atender los servicios esenciales en caso de huelga".

En el capĂ­tulo de infracciones graves se cita el abuso de autoridad, no guardar "el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razĂłn del cargo" y causen perjuicio a la administraciĂłn o se utilicen en beneficio propio, o haber sido sancionado por tres infracciones leves en un aĂąo.

Sanciones
Las infracciones econĂłmico-presupuestarias o las faltas disciplinarias graves y muy graves pueden acarrear desde la destituciĂłn del cargo pĂşblico, hasta una sanciĂłn de hasta cinco o diez aĂąos de inhabilitaciĂłn. Las sanciones se medirĂĄn segĂşn su naturaleza, las consecuencias desfavorables para la Hacienda PĂşblica o la reparaciĂłn de los daĂąos. Cuando las infracciones puedan ser constitutivas de delito, la AdministraciĂłn pondrĂĄ los hechos en conocimiento de la FiscalĂ­a.

"En todo caso", se aĂąade en el anteproyecto, las infracciones econĂłmico-presupuestarias conllevarĂĄn la obligaciĂłn de restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" y la de indemnizar a las Haciendas PĂşblicas en los tĂŠrminos previstos en la ley presupuestaria.

QuiĂŠn condena
Las infracciones anteriores darĂĄn lugar a un procedimiento administrativo, sin perjuicio de que se envĂ­e tambiĂŠn el caso al Tribunal de Cuentas. Si se trata de miembros del Gobierno o secretarios de Estado, iniciarĂĄ el proceso el Consejo de Ministros; en las demĂĄs casos, ordenarĂĄ la incoaciĂłn el Ministerio de Hacienda, al que llegarĂĄn ademĂĄs los asuntos que inicie el Consejo de Ministros.

Los procedimientos serĂĄn instruidos despuĂŠs, segĂşn los casos, o por Hacienda o por la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno y serĂĄ finalmente el Consejo de Ministros el que imponga las sanciones.