Las sentencias favorables a los preferentistas de Ceiss pueden desbordar los 241 millones previstos por el FROB

Braulio Médel, presidente de Unicaja-Ceiss

Los afectados que han ido a juicio están ganando el 90% de los pleitos, y cerca de 10.000 en toda la Comunidad habrían recurrido a esta vía para recuperar su dinero. Sumarían más de 450 millones y el FROB solo ha dotado 241 en su acuerdo con Unicaja.

YA HA OCURRIDO CON NOVAGALICIA

 

El FROB destinó unos 275 millones de euros para cubrir el 85% del coste de los litigios planteados por los 35.000 afectados que quedaron fuera del arbitraje y que no han recuperado su dinero. Además, también hay empresas que han demandado a las antiguas cajas gallegas y que exigen cantidades que ya superan el fondo previsto por el regulador.

Las preferentes pueden dar un último dolor de cabeza al FROB, Unicaja y Ceiss en el largo camino de la fusión, justo ahora que la operación enfila su última fase que debería terminar antes del 31 de marzo con la integración de la antigua caja castellano y leonesa con la malagueña. El motivo es el número de sentencias favorables a los que han decidido demandar, que auguran una necesidad de fondos superior a la prevista por el regulador para resolver esta cuestión.

 

Hace más de un año que los pleitos que empezaron a plantear los afectados por la emisión de preferentes entraron en escena en la negociación entre Ceiss y Unicaja. En mayo de 2013, el presidente de la caja malagueña, Braulio Medel, planteaba una nueva exigencia para hacerse con la entidad castellano y leonesa: que el FROB se hiciera cargo del coste de las demandas judiciales de los preferentistas. En principio, el regulador calculó que serían unos 200 millones de euros, que elevó hasta los 241 millones de euros para los que no aceptaron el canje; además, dotó otros 160 millones de euros para compensar a los que sí acudieron al canje dentro del mecanismo de acompañamiento, otra de las cesiones del FROB a Unicaja.

 

Sin embargo, esta cantidad podría quedarse bastante corta. Actualmente, y según el presidente de la plataforma de afectados de Salamanca, Luis Arraz, los preferentistas han logrado un total de 252 sentencias a favor por un valor de 10,7 millones de euros; eso son unos 42.000 euros de media por caso. En el lado contrario, las nueve sentencias en contra por poco más de 850.000 euros, según las mismas fuentes.

 

Sobre esa media, los 241 millones de euros podrían no alcanzar para compensar a todos los preferentistas que pueden denunciar. Según los datos oficiales, un 61% del capital acudió al canje, pero eso incluye el capital que tenían en acciones los inversores mayoritarios, que acudieron en masa (el 95% firmó) y el que tenían en bonos los inversores privados, los preferentistas, que rechazaron en buena medida el proceso porque quieren recuperar el 100% de su inversión; así que, aproximadamente, solo el 40% de los clientes particulares resolvieron sus pleitos con el canje. Según diversas fuentes, los que pueden denunciar tienen el 60% del capital repartido en bonos (que se les entregaron a cambio de preferentes en alguna de las quitas), ya que muchos de los que acudieron al canje serían los que tenían menos cantidad, los prioritarios para el FROB. El resto forman parte de los que pueden acudir al juzgado, que es lo que recomiendan las plataformas.

 

En toda Castilla y León, y según datos del FROB, son 11.664 los contratos de preferentes firmados para alguna de las varias emisiones de preferentes de Ceiss, el banco bajo el que opera Caja Duero-España. La cuantía total, 294.134.800 euros. Y en toda España son más de 400 millones de euros y 15.818 afectados. Así que aproximadamente 10.000 pueden acudir a los juzgados, para los que harían falta cerca de 430 millones de euros.

 

La entidad malagueña pretende dejar fuera de sus cuentas el coste de las reclamaciones de los preferentistas que no han aceptado su canje, y por tanto acudirán a los tribunales. Son la mitad de los ahorradores que firmaron los productos híbridos, pero representan un 57% del capital convertido en bonos tras los diversos canjes y quitas. Es decir, reclaman al banco unos 450 millones de euros. Cantidad a la que tendría que hacer frente la entidad resultante, y por lo que Unicaja se apresuró a pedir una ayuda complementaria que ahora podría quedarse corta.

 

 

1.500 MILLONES EN AYUDAS

 

La resolución de Ceiss es el último fleco de la reordenación bancaria española y, técnicamente, ni siquiera forma parte del rescate a la banca nacional, que las autoridades europeas declararon cerrado hace unas semanas de manera satisfactoria. Por eso, uno de los obstáculos últimos de la fusión fue el hecho de que la Comisión Europea aceptara que el FROB aportar esos 160 millones de euros para el canje y más de 240 para los pleitos en los juzgados.

 

Finalmente, parece que no será impedimento para que el colegio de comisarios de el visto bueno a la fusión, algo que ha adelantado Joaquín Almunia estos días. Y que elevará la cifra de las ayudas públicas recibidas por Ceiss hasta cerca de los 1.500 millones de euros, tras recibir 525 millones de euros del FROB 1 y 604 del rescate europeo, 1.129 millones a los que hay que sumar estos 400 más para resolver el problema de las preferentes.