Las cuentas autonómicas bajan el 3,24% respecto al año pasado y se sitúan en niveles del año 2007

Sanidad, Educación y Familia acaparan la mayor parte de las inversiones de las nueve consejerías

Las cuentas autonómicas bajan el 3,24% respecto al año pasado y se sitúan en niveles de 2007. El gasto social acapara el 79% de los 7.821 millones de euros que tendrán las consejerías para sus políticas y el 94% de los recursos propios del Gobierno de la comunidad. Las líneas de apoyo a las empresas crecen el 35%, hasta alcanzar los 412,7 millones.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León, reunido esta mañana en sesión ordinaria en el Colegio de la Asunción de Valladolid, ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012, que asciende a 9.720.048.423 euros. Esta cifra es 325 millones inferior a la del año pasado, lo que implica una reducción del 3,24% y supone volver al nivel de gestión de recursos del ejercicio 2007.

El texto legislativo está enfocado a cumplir el objetivo de déficit del 1,5%. Parte de una previsión de descenso del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad del -1,5%, dos décimas más optimista que la estimada por el Gobierno para el conjunto de España, y contempla una tasa media de paro del 18,6%, sensiblemente por debajo del 24,3% nacional.

Por primera vez las cuentas autonómicas se han elaborado teniendo en cuenta un techo de gasto no financiero, lo que reafirma el compromiso de Castilla y León con la estabilidad presupuestaria y satisface el compromiso que adquirió en su investidura el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

Este límite fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 19 de abril y sitúa el importe máximo de los capítulos I a VII de los Presupuestos en 9.108,3 millones de euros. Se ha calculado sumando los ingresos no financieros previstos (8.312,8 millones) y el déficit público permitido (que equivale a otros 856,3). Al resultado se le han descontado 60,8 millones en concepto de ajustes de la Contabilidad Nacional.

El otro bloque del Presupuesto son los 611,8 millones de las operaciones financieras recogidas en los capítulos VIII y IX. Se trata, fundamentalmente, de los 308,7 millones destinados a sufragar préstamos financieros a empresas y los 297,7 millones que sirven para amortizar créditos.

Unas cuentas austeras, posibles, realistas y sobre todo sociales
Los Presupuestos de la Comunidad para 2012 refuerzan la austeridad que ha presidido las cuentas autonómicas de los últimos años, y la combinan con iniciativas dirigidas a propiciar el crecimiento. Se han diseñado teniendo en cuenta los últimos cambios en la coyuntura económica, y por eso son posibles, realistas y coherentes. Son de transición, porque piden un esfuerzo temporal al conjunto de la sociedad, pero sobre todo son sociales, porque el Gobierno de Castilla y León dedica la mayor parte de los fondos de los que dispone a preservar el núcleo esencial del Estado del Bienestar, es decir, al blindaje de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En el proyecto se consigna un gasto no financiero de 9.108,2 millones de euros, que por tanto respeta el límite acordado por la Junta. Incluye los 923,8 millones de la Política Agraria Común (PAC), una partida sobre la que la Junta no tiene capacidad de decisión; los 335,1 que sufragan los intereses del endeudamiento, y los 28,1 que administran las Cortes de Castilla y León y el Consejo Consultivo. Es decir, que este año las consejerías únicamente dispondrán de 7.821,2 millones de euros para financiar sus políticas, el 22% menos que en 2011.

La mejor prueba de que la Junta prima lo social es que los tres departamentos que gestionan esta materia absorben 6.196 millones de euros, el 79% del total. Más de la mitad va a parar a Sanidad, 3.420 millones, cifra muy similar a la de 2011. Educación recibe algo más de 1.952 millones de euros, y los 824 restantes se asignan a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Esto hace que el presupuesto de estas tres áreas se reduzca el 3,61%, mucho menos que la media.

Otro dato rotundo es que el 94% de los recursos propios de la Junta -esto es, los procedentes de los tributos autonómicos y el modelo de financiación- se destinan a políticas sociales.

La apuesta por este tipo de gasto impregna también el Proyecto de Ley de Medidas, que reserva los beneficios fiscales, las subvenciones y las bonificaciones en las tasas y los precios públicos a los castellanos y leoneses con menor nivel de renta, es decir, a aquellas personas que no superan los 18.900 euros en tributación individual y los 31.500 si es conjunta.

Iniciativas para la reactivación económica y la creación de empleo
El análisis por consejerías revela que sólo hay una que crece, la de Economía y Empleo. Su presupuesto se incrementa el 3,5%, hasta los 606,4 millones de euros, con objeto de contribuir a la reactivación del PIB y a la creación de puestos de trabajo.

Para ello se refuerzan las líneas de apoyo a las empresas, que crecen exponencialmente. Esta partida aumenta el 35,5%, en colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería, y alcanza los 412,7 millones de euros. De esa cantidad el 75% serán préstamos reembolsables -308,7 millones, de los que 183 han sido aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)- y el 25% subvenciones vinculadas a la inversión.

En la misma línea, el proyecto de ley reafirma la obligación de destinar al menos el 3% de los recursos anuales de la Junta a Ciencia y Tecnología. Junto a esto, mantiene el compromiso con las medidas acordadas en el marco del diálogo social, puesto que las políticas de empleo consumen más de 60 millones de recursos autónomos.

Por último, cabe destacar que en 2012 el mecanismo extraordinario de pago a proveedores inyectará más de 1.000 millones de euros a la economía de Castilla y León, lo que sin duda también ayudará a devolverla a tasas positivas de crecimiento.

Siete meses de medidas de contención del gasto y trabajo constante
Las cuentas autonómicas para 2012 no se han presentado dentro del plazo establecido por el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que obliga a registrarlas en las Cortes antes del 15 de octubre de cada año. La Junta acordó posponerlas ante la falta de datos fidedignos para su elaboración, una decisión marcada por la prudencia que sin duda se ha demostrado adecuada.

Conviene recordar, a este respecto, que el Gobierno de España saliente eludió confeccionar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, lo que impidió conocer a tiempo las transferencias finalistas que debía recibir la comunidad. Además estimó que la economía nacional crecería el 2,3%, cifra de la que derivó un cálculo de los ingresos procedentes del modelo de financiación autonómica de escasa fiabilidad.

De hecho, siete meses después el panorama es radicalmente distinto: existen unas previsiones económicas realistas para este ejercicio, que sitúan la caída del Producto Interior Bruto en el -1,7%; el Congreso acaba de avalar los PGE, que detallan las entregas a cuenta definitivas, y se ha actualizado la senda de consolidación fiscal, de modo que el objetivo máximo de déficit ha pasado del -1,3% al -1,5%.

La Junta ha aprovechado este tiempo para allanar el camino de las cuentas regionales, mediante la aprobación de un amplio paquete de medidas económicas que incluye el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; el Plan de Racionalización del Gasto Corriente; el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conocida como Ley de Techo de Gasto; el Plan de Ajuste, y el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014.

El escenario de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2012 está en consonancia con todo lo anterior. Esto implica, por ejemplo, que contempla una menor recaudación tributaria y un incremento del endeudamiento, del que 820 millones son deuda nueva. Asimismo, se consignan los recursos definitivos del sistema de financiación, 5.496,8 millones de euros, el 4,14% menos. Cantidad, por cierto, que por sí sola no permite sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales.

De ahí que el Gobierno de la comunidad haya acomodado tanto las inversiones como las transferencias de capital a las disponibilidades presupuestarias, lo que ha tenido como consecuencia que disminuyan el 46,6% y el 24,8%, respectivamente.