Las Cortes instan a la Junta a negociar con los sindicatos el abono de la parte proporcional de la extra de 2012

Pleno De Las Cortes De Castilla Y León.

Las Cortes de Castilla y León han acordado por unanimidad instar a la Junta a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores públicos dirigido a acordar un "período de abono" de una parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

El texto definitivo ha sido consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Popular para sustituir la Proposición no de Ley planteada por los socialistas, que reclamaban a la Junta que proceda de forma "inmediata" al abono de la parte de la paga extra devengada y no percibida entre el 1 de enero de 2012 y la entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio del mismo año.

El procurador socialista José Francisco Martín ha accedido a apoyar la propuesta enmendada porque se ha preguntado lo que ocurriría si no lo hacen e incluso ha especulado con la posibilidad de que si la Junta no abona la parte proporcional de la extra, un derecho que ya han reconocido los tribunales a, al menos, tres empleados públicos, la Junta de Castilla y León tuviera que hacer frente a unos "13 millones de euros" en concepto de costas judiciales de todos los recursos que presenten los funcionarios para la devolución.

Martín ha ironizado con que el asunto de la paga extra "le gusta mucho" al Partido Popular, porque se trata de un "salario diferido", en recuerdo de la explicación que dio la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal en referencia a la indemnización percibida por el extesorero Luis Bárcenas. En todo caso, ha querido recalcar que el "responsable último del desaguisado" ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien "además de vulnerar los derechos de los trabajadores públicos, no tiene ni idea de la jurisprudencia en relación a los derechos devengados".

Por este motivo, Martín, que ha reconocido que ha llegado al Parlamento regional "de buen rollo" por las últimas resoluciones judiciales al respecto y que se irá "enfadado y ofendido", ha animado al PP y a la Junta de Castilla y León a reclamar al Gobierno de España la transferencia de la cantidad que puedan suponer las costas judiciales en los procesos de recursos que se resuelvan.

También ha apuntado que si el principal problema apuntado por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, era el tener que "mover partidas presupuestarias", no existirían dificultades, pues considera que al estar aún sin aprobar las cuentas generales de la Comunidad, se podría trasladar a este asunto "una parte" de las partidas que se detraen a su juicio de los trabajadores de educación para financiar a los colegios privados.

Por su parte, el procurador del PP Salvador Cruz ha incidido en que la negociación debe abordarse con los representantes de los trabajadores, a quienes ha querido reconocer el "esfuerzo y sacrificio" al que "se han visto sometidos" para aplicar las medidas de ajuste puestas en marcha por el Ejecutivo central durante los últimos años. Sin embargo, José Francisco Martín ha considerado impropio este reconocimiento porque realmente "lo que han sufrido" ha sido la reducción de su poder adquisitivo que ha supuesto la eliminación de la extra de Navidad de 2012.

Cruz ha querido apuntar que la Junta actuó "siempre" con lealtad institucional en la aplicación del Real Decreto de 2012, igual que sucedió con "el primer recorte de la historia a la función pública" aplicado en mayo de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, ha reprochado que aquellas medidas no excluían, como las del Ejecutivo de Rajoy, a los funcionarios con rentas más bajas ni el matiz de que en un futuro se compensaría la pérdida retributiva mediante la creación de planes de pensiones.

De hecho, el procurador 'popular' ha concluido con la sugerencia al PSOE de que traslade el texto aprobado este martes en las Cortes al Parlamento de Andalucía -Comunidad gobernada por los socialistas apoyados por Izquierda Unida-- para que se inicie la negociación de la parte devengada de la paga extra a los funcionarios públicos y se compense "los complementos autonómicos que han perdido en 2013 y van a perder en 2014".

Por último, el representante del Grupo Mixto Alejandro Valderas ha afeado la "deslealtad" del Partido Popular al perjudicar el poder adquisitivo de sus trabajadores, algo que a su juicio resulta "peligroso" especialmente en Castilla y León, donde los funcionarios conforman el "principal grupo de trabajadores" en muchas ciudades.

En definitiva ha considerado que la Junta podría iniciar ya el pago de la parte proporcional devengada con fondos de la partida que destinan los presupuestos al pago de trámites judiciales, ya que se evitaría abonar una elevada cantidad, y si aún no es suficiente, de las cantidades que "abundan" para destinar a "propaganda".