Las cámaras de tráfico, ocho meses 'en pruebas' y sin fecha conocida para entrar en funcionamiento

Una de las cámaras de control de tráfico en calles peatonales. Foto: F. Oliva

El Ayuntamiento no da con la 'tecla' para hacer funcionar un sistema con muchas lagunas. Hace dos años que empezó a recopilar matrículas de vecinos, garajes, colegios, negocios... y sigue sin terminar la base de datos de los que no serán multados.

La de las cámaras de control de tráfico se está revelando como una de las gestiones más desastrosas del actual equipo de Gobierno, ya que se compraron en la pasada legislatura y en esta no ha habido forma de ponerlas en funcionamiento. En total, hace 30 meses que se adjudicó su adquisición y a pesar del tiempo que ha transcurrido el consistorio no ha sido capaz de conseguir que hagan la labor para la que se compraron. 

 

Este domingo hace ocho meses que el equipo de Gobierno tuvo que explicar qué pasaba con las cámaras. En un pleno, el concejal Carlos García Carbayo dijo que estaban "en fase de pruebas"... y a día de hoy siguen en el mismo estado según las respuestas que el PP da a la oposición en las correspondientes comisiones informativas. De hecho, la última explicación es que se siguen recopilando matrículas para una base de datos. La realidad es que están operativas, pero no están listas para cumplir con su cometido de manera efectiva.

 

El contrato de compra de las cámaras se adjudicó en mesa de contratación, sin pasar por comisión previa, y gracias a una resolución del quinto teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, del 9 de abril de 2014 a favor de la empresa AM-TEL & TICS. En total, 228.690 euros, IVA incluído. Fueron instaladas a los pocos meses (durante el verano de aquel año) y el contratista ya ha cobrado su factura como tuvo que reconocer el propio teniente de alcalde hace unos meses en un pleno del Ayuntamiento. Una importante cantidad por instalar unas cámaras que, a día de hoy, no cumplen con su cometido, a pesar de lo cual el consistorio se apresuró en pagar.

 

Las cámaras forman parte de un sistema para controlar los vehículos que acceden a las calles peatonales del centro histórico. La iniciativa partió del jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández. Se compró una veintena de cámaras de última tecnología, capaces de leer matrículas de coches, y se instalaron en otros tantos puntos de la ciudad para controlar el acceso a zonas de tráfico restringido. El objetivo era dar permisos a aquellos vecinos o usuarios que sí tienen que acceder a las calles peatonales y, a su vez, poder multar a los que circulen sin autorización.

 

Tras acelerarse la compra de las cámaras e instalarlas, el grupo municipal socialista pidió explicaciones al equipo de Gobierno de la pasada legislatura sobre una cuestión clave: cómo distinguir quien tenía derecho a acceder a esas calles y quién debería ser multado si lo hacía. Sobre el papel, el sistema funciona fotografiando las matrículas de los vehículos que entran en las calles controladas, pero fue entonces cuando el equipo de Gobierno se dio cuenta de que tenía que hacer un listado de matrículas autorizadas. Se puso a ello en octubre de 2014, con todas las cámaras ya puestas desde el verano. Han pasado ya, por tanto, más de dos años de aquello y el equipo de Gobierno sigue sin dar con la tecla para hacer funcionar el sistema.

 

Desde entonces, siempre ha habido alguna excusa que impedía ponerlas en funcionamiento. La última, a principios del mes de octubre. Entonces, el consistorio informó que estaba recopilando las matrículas de los coches de padres y madres que acuden a recoger a sus hijos a los colegios afectados por la restricción de tráfico en calles peatonales. En la misiva a los centros escolares se explicaba que el sistema estaría listo para funcionar entre el 8 y el 10 de octubre, pero llegó la fecha y... nada de nada.

 

El problema es que no es seguro al 100% que se estén recopilando todas las matrículas de posibles afectados. La casuística es enorme y no basta con recoger las de vecinos, usuarios de garajes privados, de parking, bares, restaurantes y hoteles, colegios, negocios, empresas de transportes... Por ejemplo: si un familiar de un vecino afectado viene a verle y deja el coche en su garaje, será multado si no se ha facilitado su matrícula para incluirla en la base de datos.