Las cámaras de las calles peatonales, puestas, pagadas y sin usar después de dos años

Las dos cámaras instaladas en la Vaguada apuntando a las calles Ancha y Cervantes.

El Ayuntamiento de Salamanca gastó 228.690 euros en 21 cámaras para controlar los accesos a calles peatonales, pero casi dos años después de tomar la decisión están inutilizadas. Se instalaron y pagaron sin saber cómo se iban a usar.

"Un caso claro de despilfarro". Así ha calificado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, la situación en la que está una de las inversiones más incomprensibles, e inútiles, que ha hecho en los últimos tiempos el municipio. Se trata de los 228.690 euros que el equipo de Gobierno decidió gastar a principios de 2014 para poner en marcha un sistema de control de acceso de vehículos a las calles peatonales. Un gasto injustificado porque, casi dos años después, se ha gastado el dinero, pero el sistema no funciona.

 

El proceso arrancó en febrero de 2014, cuando el Ayuntamiento abrió un concurso público para un sistema de gestión para el control de acceso de vehículos a las calles del centro histórico en las que está restringida la circulación. El sistema consistía en la instalación de 21 cámaras capaces de hacer una lectura automática de las matrículas. El contrato se adjudicó en mesa de contratación, sin pasar por comisión previa, y gracias a una resolución del quinto teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, del 9 de abril de 2014 a favor de la empresa AM-TEL & TICS. En total, 228.690 euros, IVA incluído.

 

Meses después, en verano de 2014, se empezaron a instalar las cámaras en las localizaciones previstas. Pero no se ha vuelto a saber nada de la puesta en marcha del sistema. El equipo de Gobierno, el anterior y el actual, ha confirmado en varias ocasiones que el sistema no estaba en funcionamiento. Y aunque las cámaras están en su sitio y su instalación se ha pagado, a día de hoy no están cumpliendo con la función para la que fueron compradas. ¿Por qué?

 

 

LISTADO DE MATRÍCULAS

 

Tras acelerar la compra de las cámaras e instalarlas, el grupo municipal socialista pidió explicaciones al equipo de Gobierno de la pasada legislatura sobre una cuestión clave: cómo distinguir quien tenía derecho a acceder a esas calles y quién debería ser multado si lo hacía. Sobre el papel, el sistema funciona fotografiando las matrículas de los vehículos que entran en las calles controladas, pero fue entonces cuando el equipo de Gobierno se dio cuenta de que tenía que hacer un listado de matrículas autorizadas. Se puso a ello en octubre de 2014, con todas las cámaras ya puestas desde el verano.

 

La cuestión no es sencilla porque hubo que ponerse en contacto no sólo con titulares de viviendas y plazas de garaje a las que se acceda por alguna de las calles controladas, sino también con negocios, servicios de carga y descarga, hoteles... La Policía Local pasó semanas recabando esa información, pero el sistema tiene lagunas importantes. La fundamental, que los permisos son para los vehículos y no para los ciudadanos que son los auténticos titulares del derecho de acceso; se puede dar la circunstancia de que un vecino de la zona sea multado por acceder con el coche de un familiar o con  un vehículo de sustitución, que puede usar para llegar a su domicilio, pero que no llevaría la matrícula que está autorizada.

 

El proceso está ahí detenido y este parece el problema fundamental al que se enfrenta el Ayuntamiento para poner en marcha este sitema. Algo que no se valoró adecuadamente antes de contratar y pagar el coste de 21 cámaras, 228.690 euros para un sistema que no funciona dos años después.

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