Las cajas de ahorros podrían aportar "a corto plazo" 3.000 viviendas al Fondo Social, según CECA

Sede de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) en Zaragoza
Las cajas de ahorros podrían aportar "en el corto plazo" unas 3.000 viviendas al Fondo Social del Gobierno, destinado a ofrecer alquileres bajos a familias desahuciadas, según datos del director adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Antonio Romero.



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Tal y como explicó ante la subcomisión de Transparencia de Productos Financieros del Congreso, a cuyas actas ha tenido acceso Europa Press, las cajas llevan años con programas de obra social que incluían planes de alquiler social "muy ambiciosos".

Por eso, estas entidades se hallan en disposición de "ofrecer a corto plazo hasta 3.000 viviendas para atender a colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad", en el marco de una norma para atajar el problema de los desahucios en la que la CECA quiere ser "muy activa".

ESPERAR A CONOCER LAS CIFRAS

De hecho, según Romero la Confederación ya ha hecho propuestas sobre posibles cambios en los procedimientos de ejecución hipotecaria, en temas de fianzas y "agilización de procedimientos para evitar la práctica de los subasteros (personas que acuden a las subastas de bienes y que, en ocasiones, maniobran para conseguir que el precio se sitúe muy por debajo de su valor real), que contaminan todo el proceso", y también han puesto en marcha 'motu proprio' iniciativas para renegociar las deudas y evitar que se llegue al desahucio.

En cualquier caso, Romero cree que las cifras actuales sobre ejecuciones y lanzamientos son demasiado confusas, por lo que recomienda "esperar a conocer" los datos que están recopilando el Ministerio de Economía y el Banco de España "antes de tomar decisiones sobre modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la de Enjuiciamiento Civil".

Y es que, a su entender, la actual normativa es "extraordinariamente protectora del cliente" y existen los "instrumentos adecuados para proporcionar una información suficiente a los clientes sobre este tipo de productos", por lo que la solución debe ir por otra vía.

MEJORAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Con respecto a la comercialización de ciertos productos como las participaciones preferentes, Romero pide "confianza en las instituciones" que supervisan el funcionamiento del mercado, y asegura que se "resiste a pensar que ha habido un engaño generalizado".

"Es posible que se hayan producido malas prácticas, es posible. Pero tenemos que tener en cuenta que el marco regulatorio que tenemos y que rige este proceso es un marco armonizado en toda Europa --en temas como mecanismos, información a recabar del cliente, información sobre el producto, etc.--. Eso no quita que se hayan producido malas prácticas o que se hayan producido posiblemente engaños", añadió en su comparecencia.

Sin embargo, a su juicio los cambios regulatorios no son la solución a este tipo de soluciones, sobre todo porque "las reformas que se han introducido en la ley de Reestructuración del Sector Bancario (que traspone a la normativa las condiciones del Memorándum para el rescate) están bien orientadas y responden a planteamientos que se están discutiendo en Europa".

Así, a su entender la vía en la que aún hay margen de trabajo y "sobre la que no se habla suficientemente" es la de mejorar la educación financiera de los ciudadanos. "Creo que sería absolutamente adecuado introducir la educación financiera en los currícula escolares", concluyó.