Las ayudas a la vivienda agotan sus plazos: quién tiene derecho y cómo hay que pedirlas

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El Gobierno estudia la prórroga por un año más del Plan de Vivienda y de sus ayudas al alquiler, la reforma o el pago de hipotecas. Mientras tanto, se agota el plazo para solicitarlas.

EN QUÉ CONSISTE

 

Programa de subsidiación de préstamos convenidos: es una ayuda que se descuenta de la cuota de la hipoteca. 

 

Programa de ayuda al alquiler: el objetivo es facilitar el acceso y la permanencia a la vivienda en régimen de alquiler a aquellos que tengan dificultades económicas. Para alquileres mensuales iguales o inferiores a 600 euros, hasta el 40% de la renta del alquiler, con un límite de 2.400 euros al año anuales por vivienda y un plazo máximo de 12 meses prorrogable hasta el final del Plan.

 

Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler: el objetivo es la creación de un parque público de vivienda de alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. Las ayudas alcanzarán un máximo de 250 euros por m2 útil de la vivienda, hasta el 30% del coste de la edificación con un máximo de 22.500 euros/vivienda. Dentro del programa figuran viviendas de alquiler en rotación.

 

Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria: orientado al impulso de intervenciones, en edificios e instalaciones, que mejoren su estado de conservación, garanticen la accesibilidad y mejoren la eficiencia energética. Las ayudas serán de hasta 4.000 euros por vivienda para la conservación; hasta 2.000 euros por vivienda para la mejora de la eficiencia energética y hasta 4.000 euros por vivienda para mejora de accesibilidad. 

 

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana: financian la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de edificación en sustitución de edificios demolidos, para un mínimo de 100 viviendas (a excepción de cascos históricos o núcleos rurales, por ejemplo). Uun máximo del 35% del presupuesto, con un tope de 11.000 euros por vivienda rehabilitada, de hasta 30.000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y de hasta 2.000 euros por vivienda para la obra de urbanización. 

 

Programa de implantación del informe de evaluación de edificios: se pretende impulsar la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios (IEE). Las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos que realicen el informe de evaluación antes de 2017, se beneficiarán de una ayuda de 20 euros por vivienda, con un máximo de 500 euros por edificio, y del 50% del informe del edificio.

 

Programa de fomento de ciudades sostenibles y competitivas: tiene por objeto la financiación de la ejecución de proyectos de especial transcendencia como la mejora de barrios, centros y cascos históricos, la sustitución de infraviviendas, eco-barrios y zonas turísticas. 

El Gobierno en funciones está tramitando un decreto ley para prorrogar un año el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. Así lo ha señalado CCOO en una nota, en la que dice compartir la necesidad de esta prórroga para evitar que el próximo 1 de enero desaparezcan las ayudas estatales para vivienda y rehabilitación.

 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió recientemente de que el Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación iba a "perder su vigencia en escasos meses" al enumerar políticas que se verán afectadas por la ausencia de un Gobierno en plenas funciones. En 2014 el Gobierno anunció 2.527 millones de euros de ayudas públicas, el 70% del Estado y el 30% restante de las comunidades autónomas. El plan termina con el final de 2016.

 

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Fomento, más de 570.000 familias se han beneficiado del plan y las ayudas totales ligadas a este plan ascienden a 2.828 millones de euros. Del total, 239.354 familias han sido beneficiarias de ayudas al alquiler por importe de 1.118 millones de euros y 249.973 reciben ayudas de subsidiación para minorar sus cuotas hipotecarias (775 millones). A esto se suma que 80.709 viviendas han obtenido ayudas a la rehabilitación, por una cuantía de 418 millones de euros. 

 

Para el sindicato, las políticas de impulso del alquiler social y la rehabilitación deben ser "una prioridad para el próximo Gobierno" al constatar con "inquietud" que el dicho plan, "una de las escasas medidas del anterior Gobierno que hubieran tenido efectos positivos sobre la actividad económica, el empleo y las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos, no ha tenido un desarrollo efectivo en estos cuatro últimos años".

 

En este sentido, CCOO recuerda que apoyó en su momento los cambios legislativos de los que deriva este Plan Estatal y que suponían un cambio de modelo en las políticas de vivienda, al destinar las ayudas públicas al fomento del alquiler social y de la rehabilitación urbana y residencial, además de plantear el objetivo de la creación de parques públicos de viviendas en alquiler.

 

No obstante, el apoyo estaba "matizado" por las "dudas" acerca de que el Gobierno fuera a dotar estas políticas con los fondos necesarios para un desarrollo rápido y amplio de las mismas. Durante toda la legislatura, y ante la "lentitud" de su puesta en marcha y la falta de las partidas presupuestarias, el sindicato ha venido alertando del peligro de que finalizara la legislatura sin resultados tangibles en este campo.

 

 

RECLAMA FONDOS PARA EL PLAN Y UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER

 

Por ello, plantea a los grupos políticos y al próximo Gobierno la necesidad de un urgente desarrollo del Plan Estatal y la dotación del mismo con los fondos necesarios para cumplir sus objetivos. Esto supondría la puesta en marcha de "un círculo virtuoso con efectos inmediatos y muy significativos sobre la actividad y el empleo del sector de la construcción, el más castigado por la crisis". También conllevaría la mejora de la habitabilidad y la eficiencia energética de las viviendas en peor estado, lo que supondría "una mejora de la calidad de vida de las mismas y la reducción del fenómeno de la pobreza energética, además de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cumplimiento de los compromisos en la lucha contra el cambio climático".

 

Para CCOO, esto se completaría con un impulso del alquiler social, que permitiría acceso a una vivienda digna a los colectivos con mayores dificultades para ello. Por otro lado, la apuesta por el desarrollo de un parque público de viviendas en alquiler en el conjunto de las comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de los países europeos más avanzados, constituiría un "importante avance" en la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna.