Las actas levantadas por Consumo en Salamanca bajan más de un 66% por falta de inspectores

En el conjunto de la Comunidad, el número de actas levantadas en 2014 es un 45% menos que las de 2005, bajando de 11.946 a las 6.527 del pasado año.

CSI-F recuerda que la Dirección General de Comercio y Consumo pidió 10 nuevas plazas de inspectores para Castilla y León, y que hasta el momento sólo se han cubierto dos, una en Ávila y otra en Zamora, más la plaza convocada de forma urgente ahora en Soria para que –al menos- tenga un inspector. Aunque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración regional señala 55 plazas de inspectores en las nueve provincias de la Comunidad, tras el concurso de provisión de plazas del pasado mes de enero, sólo están cubiertas 37. En Salamanca,  la RPT marca siete puestos de inspectores pero sólo hay cuatro.

 

Si no se abordan “de forma integral los problemas de la Inspección de Consumo, en menos de cuatro años no se podrá garantizar una efectiva defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León por falta de medios humanos  cualificados”, advierte CSI-F. Por ello, ha presentado un escrito al consejero de la Presidencia, con competencia en Función Pública, al que se le insta a tomar medidas,  “para evitar una mayor degradación del servicio de Inspección de Consumo”, según señala Mariano Prieto, presidente del sector de Autonomía de CSI-F.

 

La situación en cada provincia “varía en matices, pero empeora inexorablemente año tras año. Las jubilaciones dejarán en los próximos cuatro años la Inspección de Consumo, tanto en sus servicios centrales como periféricos, sin personal y sin haber transmitido su bagaje profesional a los nuevos inspectores que se incorporen”.

 

La labor de los inspectores es muchas veces ‘invisible’ a los ciudadanos, pues no solamente actúan mediante una denuncia, sino también de forma preventiva, asegurando el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, afirma con vehemencia Mariano Prieto.

 

Denuncias

 

De las 14.115 denuncias presentadas en los últimos diez años en Castilla y León 1.295 acabaron con una advertencia por escrito al empresario, para que adaptara su proceder a la legislación vigente; 2.766 fueron archivadas al llegar a un acuerdo el empresario y el consumidor, tras la intervención de la Inspección; y 2.648 derivaron en la apertura de expediente sancionador. Además 212 fueron comunicadas a otras administraciones competentes.

 

Respecto a la Red de Alerta, productos notificados que son peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores, y que deben ser localizados y retirados de la venta, en los últimos diez años se han realizado un total de 82.139 actuaciones, abriéndose sólo 209 expedientes sancionadores, ante la negativa de los comerciantes a retirar algún producto peligroso.