La URCL exige la devolución de gran parte de la documentación transferida desde el Archivo de Salamanca

Creen que la salida de documentos “vulnera la legalidad vigente”

La Unidad Regionalista de Castilla y León ha solicitado al Gobierno de la Nación, a Junta de Castilla y León y a Generalidad de Cataluña, la paralización de cualquier nueva salida de fondos del CHMD de Salamanca y el retorno de toda la documentación que haya salido “vulnerando la legalidad vigente, ya que ha detectado “graves irregularidades”.

Recientemente, Albano de Manuel, secretario General de URCL, ha manifestado que “antes de continuar con nuevos envíos de documentos, habría que investigar esas incidencias detectadas, para en su caso corregirlas y depurar las responsabilidades que correspondan”.

Desde URCL aseguran que han comprobado cómo, en las anteriores salidas de fondos, se cometieron determinadas irregularidades que “no se pueden pasar por alto”. “Por encima de partidismos y posibles acuerdos de conveniencia entre formaciones políticas está el respeto a la legalidad vigente, los ideales propios y los compromisos adquiridos frente a los ciudadanos”, reivindica la Unidad Regionalista.

La URCL considera que la Ley 21/2005 es contraria al principio de igualdad, por conceder a Cataluña derechos que no concde al resto de autonomías y que, además, no se ha respetado su contenido, perjudicando siempre al Archivo de Salamanca. Para ilustrar este hecho, la URCL ofrece una serie de puntos a tener en cuenta:

- Se transfirió documentación que o no fue incautada en Cataluña o no correspondía a personas y entidades estrictamente catalanas. Además, se ha identificado documentación perteneciente a refugiados de Aragón, Asturias o Madrid como de organismos o entidades catalanas, o se ha transferido documentación en la que no consta el lugar de incautación.

- Se transfirió documentación entregada a quienes no son sus legítimos propietarios, como denunció la CNT.

- Se entregó documentación de particulares castellanoleoneses –y de otras regiones españolas- a la Generalidad de Cataluña.

- Se han transferido documentos de organizaciones políticas y sindicales cuyos legítimos propietarios se han opuesto expresamente a dicho traslado (PCE, CNT, etc.).

- No existe una relación detallada de la documentación transferida, simplemente una más que escueta descripción que en no pocas ocasiones dista mucho del contenido real de las cajas entregadas a la Generalidad de Cataluña.

- El obligatorio proceso de digitalización de la documentación saliente se ha realizado de forma irregular y ha conllevado el envío de decenas de miles de documentos sin dejar copia en Salamanca.
- Las anteriores salidas de fondos se realizaron de forma opaca y oscura, con escasa información al público y a los posibles interesados, sacando incluso los colores al Gobierno por faltar públicamente a la verdad. Concretamente, Rogelio Blanco (nombrado Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas por el PSOE y que con el PP continua en el mismo cargo) manifestó públicamente en los medios de comunicación que “todos los papeles del PSOE de Asturias están y van a estar en Salamanca” cuando la realidad era otra bien distinta. Los documentos salieron y fueron devueltos, pero al tiempo de la realización de esas declaraciones los documentos aún se encontraban en Barcelona.

- Trabas y obstáculos a particulares e investigadores privados.

URCL ha trasladado estas irregularidades a las correspondientes administraciones (Ministro de Cultura, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Salamanca y Generalidad de Cataluña) y les ha realizado las siguientes peticiones:

- Que ante la posible nueva salida de fondos y la extensa lista de graves irregularidades detectadas, exigimos la paralización de cualquier nueva salida de documentos.

- Desde URCL entendemos se debe esperar a la Sentencia que emita el Tribunal Constitucional ante el Recurso presentado por el propio Partido Popular (partido que está en el Gobierno de la Nación, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Salamanca).

- En cualquier caso, interesamos que no se vuelva a entregar ningún nuevo documento sin comprobar fehacientemente bien su incautación en Cataluña, bien se trate de persona o entidad estrictamente catalana.

- Exigimos el retorno de toda documentación enviada a la Generalidad vulnerando la Ley. Para ello, debe realizarse un detallado inventario con toda la documentación entregada a la Generalidad de Cataluña. El investigador Policarpo Sánchez estima que “el 80% de los papeles enviados a Barcelona deberían regresar a Salamanca, porque incumplen la letra o el espíritu de la ley”.

- Reproducción y digitalización de toda la documentación enviada sin cumplir este requisito obligatorio.

- URCL exige que se depuren cuantas responsabilidades legales procedan ante las irregularidades antes citadas.

- A nivel Local, Provincial y Autonómico URCL exige a los distintos Gobiernos que, ante el peso de los argumentos expuestos por URCL, su oposición sea firme y real más allá de meras declaraciones públicas a los medios de comunicación. Solicitamos a Junta, Diputación y Ayuntamiento, que ante una más que posible nueva salida de fondos, vuelva a defender el Archivo –hoy CHMD- ante el Gobierno de Rajoy, con la misma intensidad con la que antes lo hiciera ante el Gobierno de Zapatero.

URCL, tras el asesoramiento legal oportuno, estima que hay “instrumentos legales más que suficientes para impugnar cualquier nuevo acuerdo al respecto, paralizando muy probablemente cualquier nuevo envío”.