La Subdelegación del Gobierno dictó el año pasado 236 órdenes de expulsión en Salamanca

Foto: EP

La mayoría de las actuaciones se referían a ciudadanos comunitarios que fueron expulsados por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. El resto eran extranjeros que se encontraban irregularmente en suelo español o había sido sancionados por un delito con pena privativa de libertad superior a un año.

En España existen varios regímenes de extranjería, el Régimen General de Extranjería, que afecta a todos los ciudadanos extranjeros; el Régimen Comunitario, para los ciudadanos y familiares de la Unión Europea; y el Régimen de Protección Internacional, que contempla el derecho de asilo o refugio y la protección subsidiaria, para cualquier persona que considere que está siendo perseguida en su país de origen conforme a lo establecido Convención de Ginebra del 1951.

 

Todo aquel extranjero que no se somete a alguna de estas normativas se entiende que reside en España de forma irregular, en este caso o si contraviene la ley puede ser objeto de expulsión por parte de la  Subdelegación de Gobierno correspondiente.

 

En el caso de la Oficina de Extranjería de la Salamanca, en 2015 se dictaron 236 órdenes de expulsión. De ellas, un tercio (78) se refería a ciudadanos comunitarios que fueron expulsados por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Por otro lado, 55 se produjeron contra extranjeros que se encontraban de forma irregular en España, y 37 porque habían sido sancionados por un delito con pena de cárcel superior a un año. Otras 58 se dictaron contra personas que se encontraban en ambas situaciones -infringiendo los artículos 53.1.a y 57.2 de la LO 4/2000,  que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social-. Finalmente, 8 de las expulsiones eran devoluciones, de extranjeros a los que ya se les había echado de España con anterioridad y teniendo prohibida la entrada volvieron a intentarlo.