La región solicita 30 millones más de lo presupuestado por el Gobierno central y cláusulas de garantía

La Junta ha propuesto un gran 'Pacto de Comunidad" que espera firmar en enero con todos los sectores implicados
La Junta de Castilla y León ha estimado en más de 162 millones de euros el coste para el traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuantía que excede en 30 millones de euros la última propuesta realizada por el Gobierno socialista, cifrada en 133,5 millones, aunque la diferencia entre ambas posturas es todavía mucho mayor por cuanto el Ejecutivo autonómico exige, además, la aplicación de hasta cinco cláusulas de garantía, no cuantificadas, para que la Administración central afronte compromisos en materia sindical y obras pendientes en infraestructuras, informatización y creación de nuevas unidades judiciales.

Así lo ha adelantado el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, después del encuentro mantenido con distintos representantes del ámbito judicial en la Comunidad a los que ha dado traslado de la propuesta en esta materia elaborada por el Ejecutivo autonómico para, según sus propias palabras, alcanzar un "gran Pacto de Comunidad" o un "Pacto de la Justicia" que permita a Castilla y León asumir esta competencia.

La Junta espera que la propuesta, que establece las exigencias o garantías mínimas para aceptar el traspaso, sea enriquecida durante las próximas tres semanas por las sugerencias que puedan realizar todos los sectores implicados, a los que tiene previsto emplazar a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en enero, con el fin de consensuar y firmar la propuesta final que la Comunidad trasladará al nuevo Gobierno.

La inicial elaborada por el Ejecutivo regional, tal y como ha detallado el consejero, sitúa las exigencias de Castilla y León para sumir el traspaso de la Justicia en más de 139,5 millones de euros de coste efectivo, más otros 23,7 millones de aportaciones puntuales para obras de reposición y modernización de edificios judiciales en mal estado y nuevas tecnologías, a lo que se sumarían hasta cinco cláusulas de garantía en los apartados de acuerdos sindicales, informatización de registros civiles, infraestructuras y para la creación de nuevos órganos judiciales y la Oficina Judicial.

Así, la oferta inicial realizada por el Gobierno socialista, ahora en funciones, se sitúa en 133,5 millones, muy alejada de esos 162 millones que exige la Junta, aunque esos 30 millones de diferencia entre una y otra propuesta pueden dispararse con la inclusión de las cláusulas, petición que, como así ha explicado De Santiago-Juárez, no es ninguna invención del Ejecutivo sino que ha sido una práctica habitual en el traspaso de competencias a otras autonomías, como es el caso de lo ocurrido en Cataluña en esa misma materia o en Canarias con respecto a la sanidad.

Un Gobierno más sensible
Durante su comparecencia ante los medios, el consejero portavoz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que estas competencias han sido negociadas hasta la fecha con hasta tres gobiernos, el de Aznar y los dos consecutivos de Rodríguez Zapatero, y ha mostrado su confianza en que el proceso llegue a buen término con el nuevo Ejecutivo que presidirá el popular Mariano Rajoy.

"Confiamos en que va a tener más sensibilidad con las cuestiones de Castilla y León, estamos convencidos, ya que en los últimos siete años y medio ha habido muy poca sensibilidad o casi nada, pues cada vez que el Gobierno socialista se fijaba en esta Comunidad ha sido para mal", ha lamentado De Santiago-Juárez, en referencia, por ejemplo, a la salida de fondos del Archivo, el blindaje del cupo vasco o el cierre unilateral de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Lo que sí ha querido dejar claro, una vez más, el portavoz es que Castilla y León, que junto con Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura no tienen aún trasferida la Justicia, "siempre ha querido esta competencia, que además es estatutaria", en contraposición a otras autonomías que, como así ha advertido, no la quieren u otras que ya cuentan con ella pero desean devolverla.

"Siempre hemos mantenido que la queremos, nunca hemos renegado de ella, pero deseamos que no sea a cualquier precio sino bien valorada, pues gestionar la Justicia de cerca es mucho más beneficioso, ese es el principio del Estado Autonómico", ha concluido.