La región iniciará en breve la devolución de 1,6 millones a 78.316 pensionistas por exceso en el copago

El consejero de Sanidad ha aclarado además que existen 89.291 pensionistas que han aportado menos de siete euros
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado que en "próximos días" y de "forma automatizada" la Junta iniciará la devolución de 1,6 millones de euros a 78.316 pensionistas por el exceso en su aportación al copago farmacéutico, ya que han destinado más de siete euros en el trimestre.

Sáez Aguado ha comparecido este viernes ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León para explicar la situación y la evolución de este sistema que se implantó el 1 de julio, donde ha especificado que espera que antes de que concluya el mes pueda estar abonado este exceso a los pensionistas.

El consejero de Sanidad ha aclarado además que existen 89.291 pensionistas que han aportado menos de siete euros, tope máximo estipulado para llevar a cabo la devolución, por lo que se les acumulará hasta que lleguen a esta cifra.

De este modo, Sáez Aguado ha considerado que los problemas plateados con la implantación del copago farmacéutico se han resuelto con "rapidez y celeridad", no obstante ha insistido en que el 47,5 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad pagan lo mismo por receta ahora que antes de la aprobación del Real Decreto.

El consejero ha ofrecido en su comparecencia una serie de datos sobre la aplicación del copago, así, ha detallado que el 3,4 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León están "exentos" de aportación, en concreto se trata de pensiones con contributivas y parados sin subsidio, se han registrado 182 extranjeras embarazadas que aportan el 40 por ciento y un 1,1 por ciento son mutualistas con una aportación del 30 por ciento.

Asimismo ha detallado que existen 1.726 pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros que realizan una aportación del 60 por ciento con un límite de 60 euros; 564.000 que aportan el 10 por ciento con un límite de ocho euros mensuales y 131.000 con un máximo de 18 euros.

Sáez Aguado ha asegurado que se han recogido 3.225 formularios sobre discrepancias con la aplicación de este sistema de copago, lo que supone un 0,13 por ciento de la población asegurada y en su mayoría obedecen a una "mala calificación" o "desconocimiento" del nivel de renta.

Sin embargo, para el consejero de Sanidad esta cifra de que quejas es baja si se tiene en cuenta que se trata de un modelo implantado en "muy pocos meses", tras lo que ha insistido en reconocer la "agilidad y rapidez" en su gestión y aplicación.

"METER LA TIJERA"
La procuradora socialista Mercedes Martín Juárez ha insistido ante la Comisión y tras conocer los datos aportados por el consejera que este sistema es "injusto y desigual", ya que, además "rompe" con el principio de solidaridad y supone una "merma" importante las pensiones, algo que, a su juicio, "no se tuvo en cuenta en el momento de la aplicación ni se tiene en cuenta ahora".

"Este sistema supone un debilitamiento del poder adquisitivo y de la calidad de vida de los pensionistas", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que muchos pacientes se han visto obligados a abandonar determinados tratamientos porque no se lo podían costear

Por su parte, el procurador de IU, José María González, ha insistido en que "existe un preocupante número de pacientes crónicos que se han visto forzados a renunciar a su medicación por no hacer frente al coste de las recetas del copago".

Ante estas acusaciones, Sáez Aguado ha dejado clara su defensa de la sanidad pública responsable, al tiempo que ha considerado que la posición del PSOE de "no hacer nada" es "más dañina" para la sanidad pública. Además, el consejero ha aclarado que desde la Junta no se ha encontrado una disminución en el consumo de medicamentos.

COMPARECENCIA SOBRE PRIVATIZACIONES
Por otra parte, el consejero de Sanidad ha anunciado que solicitará a las Cortes una comparecencia para abordar la cuestión de la privatizaciones ante las críticas socialistas de que existe una "privatización encubierta".

Sáez Aguado ha considerado que hay que acostumbrarse a una "ligera contracción" del sistema, aunque ha insistido en que esta situación no tendrá repercusión en la calidad del sistema o en las prestaciones.