La reforma del Código Penal deja en libertad a casi 80 presos

Un día después del sorteo de la lotería Nacional le tocará el Gordo a muchos de los reclusos que están cumpliendo condena en el centro penitenciario de Topas. El motivo: la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo jueves. Con ella, se prevé que entre 70 y 80 presos, que están cumpliendo condena por tráfico de drogas salgan en libertad.
Esmeralda Gómez

Los jueces de los penales y de la Audiencia Provincial de Salamanca han comenzado ya a revisar cientos de sentencias, en su mayoría, según informó a este periódico el juez de Instituciones Penitenciarias y decano de los jueces, Antonio Mateo, relacionadas con el tráfico de drogas –el mayor número de reclusos cumplen condena por este motivo–.

Los tribunales sentenciadores serán los encargados de analizar los fallos, dando prioridad a las condenas de presos con posibilidad de excarcelación. Posteriormente, los autos se trasladarán al centro penitenciario, donde se revisará la progresión de los grados –con la posibilidad de que algunos reclusos disfruten de permisos penitenciarios–. Finalmente, es el juez de Instituciones Penitenciarias quien autorizará la modificación de la pena.

Para evitar una carga excesiva de trabajo, los magistrados de lo penal y de la Audiencia Provincial ya han comenzado a revisar sentencias, de modo que a fecha del sábado, día 11 de diciembre, el centro penitenciario de Topas ya había recibido 140 testimonios de sentencias adaptadas a la reforma del Código Penal. Además la directora de la cárcel, María Concepción Zurdo, señaló que los testimonios de sentencias “están llegando cada día”, a la espera de que a partir del próximo jueves las puertas de la cárcel se abran para algunos presos.

El juez de Instituciones Penitenciarias señaló que no se prevén colapsos en la administración de Justicia ya que durante los seis meses de plazo desde la aprobación de la reforma hasta su puesta en marcha, los tribunales sentenciadores se han organizado para atender la llegada de fallos judiciales en los próximos meses.

Esta reforma introduce cambios para el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud (heroína, cocaína, etc.). De tal forma que a partir de ahora, la pena oscilará entre los tres y los seis años de cárcel. Mientras, en los casos en los que la sustancia se califique como “notoria importancia”, la pena será de seis a nueve años, en lugar de la penalidad antigua que abarca de los nueve a los 13 años.

Tan sólo la condena podría llegar a los 13 años en el supuesto de que se utilicen aeronaves, buques, etc., para introducir la sustancia.

Respecto a las penas relativas al denominado menudeo de escasa cuantía, se situarán en un arco de seis meses a un año para las sustancias blandas y de un año y seis meses a tres años para las duras.

Las condenados por delitos contra la seguridad vial, bien por exceso de velocidad o por conducir bajo los efectos del alcohol y/o de las drogas –las penas para delitos de esta tipología oscilan entre los tres y seis meses de cárcel; multas de seis a doce meses y trabajos en beneficios de la comunidad– conforman otro de los grupos que se van a beneficiar de esta reforma. La Ley contempla que los tres tipos de penas anteriormente citadas sean alternativas, de modo que el magistrado sólo deberá imponer junto a la retirada del permiso de conducir, una única condena: la de prisión, una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Otra de las novedades estriba en la introducción de un nuevo artículo, el 385 bis, en el que se establece que el vehículo a motor o ciclomotor se considera un instrumento del delito contra la seguridad vial, de modo que el juez puede ordenar el decomiso total o parcial del mismo.

Por último, en cuanto al delito contra la propiedad industrial e intelectual –la venta a pequeña escala de copias fraudulentas de obras amparadas por el derecho de autor– la reforma suprime las actuales penas de prisión por multas o trabajos en beneficios de la comunidad, siempre y cuando el beneficio alcanzado por la venta no supere los 400 euros. Lo que hasta ahora eran delitos pasarán a ser enjuiciados como faltas.