La Red de Protección a las Familias ha atendido a unas 150.000 personas al año con un gasto de 300 millones

Alicia García

La Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis ha atendido a unas 150.000 personas al año con un gasto de 3000 millones de euros, según han asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia Garcí.

La consejera ha explicado que desde la puesta en marcha de la Red, en 2013, con estos recursos se ha podido atender en Castilla y León a las familias en situación de carencia para puedan disponer de una renta mínima, contar con alimentos, mantener caliente su casa o evitar la pérdida de su hogar por impago o, en su caso, contar con una solución para "no quedarse en la calle".

En este contexto, ha señalado que el principal reto en esta legislatura será "reforzar y consolidar" esta Red, que se pretende que "sea cada vez más eficaz", por lo que se tratará de mejorar su funcionamiento ante situaciones urgentes y extraordinarias, pero además ha asegurado que su intención es trabajar para que la Red actúe de forma "habitual y continuada" en la atención a personas y no sólo en momentos puntuales de crisis económica.

Para ello, ha recordado que se quiere dotar a la Red de "relevancia y protección estatutaria" con su incorporación al Estatuto de Autonomía, de forma que se convierta en un instrumento estable de protección y atención social, con una "muy especial" consideración a la protección de la infancia.

Además, se elaborará un anteproyecto de ley para "perfeccionar" la configuración y el funcionamiento de la Red, de forma que la atención inmediata de alimentos básicos y el sistema de atención y apoyo a las familias en riesgo de desahucio pasarán a garantizarse como "derechos subjetivos" y se incorporarán a un procedimiento que vincule la atención personal social con la búsqueda de un empleo, de manera que se refuerce la inserción sociolaboral.

A este respecto, ha invitado a todos los grupos parlamentarios a colaborar y trabajar "juntos" para alcanzar acuerdos en la aprobación de esta forma que considera que "contribuirá a avanzar y consolidar los avances en la protección social a las personas que peor lo están pasando".

PRINCIPALES ACTUACIONES

En este marco, la consejera ha detallado algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de la Red, en la que se incluye la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que se ha concedido a 54,527 personas desde su aprobación en 2011, con un gasto de 165 millones de euros.

Alicia García se ha comprometido a garantizar la dotación presupuestaria para la RGC así como a adoptar las medidas o modificaciones necesarias para que se adecue continuamente a los nuevos perfiles de las personas y familias que requieren atención a sus necesidades básicas de subsistencia. Asimismo, ha asegurado que se agilizará "de forma significativa"su concesión para situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad.

Por otro lado, en cuanto al Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, ha incidido en que se ha atendido desde su puesta en marcha a 3.842 familias de la Comunidad y considera que los resultados obtenidos y la utilidad del programa "animan" a seguir trabajando, por lo que ha instado a ponerse de acuerdo para configurar como un derecho subjetivo el acceso a este servicio mediante su incorporación a la normativa que regulará la Red.

Alicia García también ha incidido en que cuando las necesidades son "inmediatas" existe un "dispositivo de urgencia" que permite realizar una primera entrega de alimentos en 24 horas, que se activa mediante una llamada al 012, para que después la familia siga atendida a través de la Red. En total, más de 26.000 personas al año se benefician de este sistema de reparto.

Para avanzar en este programa, ha asegurado la consejera, se implantará en colaboración con las entidades locales un sistema de "tarjetas de compra" especialmente dirigido a las familias con menores a su cargo para la adquisición de alimentos frescos de primera necesidad, con el fin de garantizar la "no estigmatización" y la normalización de las personas que requieren de estas ayudas.

La consejera ha recordado también que, además de las nuevas prestaciones, se han mantenido e incrementado las tradicionales ayudas económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, de las que se han beneficiado casi 30.000 personas al año.