La oposición insiste en que la solución para El Corte Inglés es de legalidad urbanística

El edificio de El Corte Inglés en Salamanca. Foto: T. Sánchez

Ganemos y PSOE diferencian entre el tipo de medidas correctoras que en su día dio la empresa y la necesidad de que recupere la legalidad urbanística tras anularse todas las licencias que le concedió el Ayuntamiento de Salamanca en su día de manera errónea.

Los grupos de la oposición no consideran un obstáculo en el caso El Corte Inglés el hecho de que la Junta de Castilla y León estime que la empresa del centro comercial no deba asumir más medidas correctoras por su llegada a Salamanca. De hecho, insisten en que la Junta se refiere a la legalidad comercial y no a la legalidad urbanística, y que es precisamente en esta en la que reside el problema real de los grandes almacenes. 

 

Tras conocerse el contenido del informe emitido por la Dirección General de Comercio de la Junta sobre las compensaciones de El Corte Inglés de Salamanca, adelantado este jueves por TRIBUNA, la oposición se ha aprestado a dar su valoración. Insisten en que el problema lo ha generado el Ayuntamiento de Salamanca y, en concreto, concejales como Fernando Rodríguez, responsable del planeamiento urbanístico pensado para el centro comercial, totalmente anulado por la justicia; y el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo en su mano una solución a finales de 2014. Y en que la solución es de carácter urbanístico.

 

El portavoz del PSOE, José Luis Mateos, considera que una valoración referida estrictamente a cuestiones comerciales no debe ser impedimento para reequilibrar la situación en el plano urbanístico ya que la justicia ha reiterado en varias sentencias que, tal y como está planteado, no es legal.

 

Por su parte, el concejal de Ganemos Gabriel Risco asegura que "no tiene nada que ver lo que informa la Junta con lo que se pide". El concejal mantiene que la oposición "no entra en la normativa comercial, lo que aquí debatimos es un tema urbanístico y el problema que ha generado la anulación de las licencias que dio el Ayuntamiento de Salamanca". Risco lamenta "que la Junta mezcle las cosas, porque desde nuestro punto de vista lo que quiere hacer es echar un cable a sus compañeros de partido del PP".

 

 

COMPENSACIONES VS LICENCIAS

 

Para la oposición, hay que diferenciar entre las compensaciones que hizo El Corte Inglés en su día, que fueron voluntarias, y lo que se pide ahora, que es restablecer la obligatoria legalidad. En su día, el centro comercial pagó a petición del Ayuntamiento de Salamanca una serie de equipamientos (centro cívico, nueva plaza y calle, campo de fútbol) como medida correctora por lo que suponía su instalación en Salamanca; y a ello añadió los polémicos 187.000 euros entregados a Aesco para medidas de apoyo al comercio local, y de los que se desconoce el destino que les dio la asociación de comercio.

 

Según la oposición, es a este tipo de compensaciones a las que se refiere el informe de la Junta y son estrictamente de ámbito comercial ya que se refieren a la planificación del mercado comercial; esas son, además, las que están prohibidas por la normativa nacional y autonómica tras adaptar una directiva europea, ya que van contra la libre competencia.

 

Sin embargo, no tendrían nada que ver con las medidas que hay que tomar en el caso de los grandes almacenes en Salamanca. Tras las sentencias judiciales, está fuera de la legalidad al haberse anulado los instrumentos urbanísticos que le daban sustento y eso hay que corregirlo. Esto es lo que piden los grupos de la oposición. Para ello, apuesta por elaborar una nueva modificación puntual del PGOU en la que se parta de que la parcela es suelo no consolidado y que se recalcule el aprovechamiento extra hecho por El Corte Inglés, que ocupó según sus cálculos 21.000 metros más de lo que le correspondía.

 

Una de las ideas presentadas es que, para 'pagar' ese desequilibrio en metros, el centro comercial se haga cargo de un proyecto del arquitecto portugués Álvaro Siza en el huerto de las Adoratrices. Sin embargo, según la resolución de la Junta, esta vía no parece posible y habría que ir a la entrega de edificabilidad por edificabilidad, es decir, metros por metros.

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