La ocupación de la mina alcanza 360 hectáreas en 150 parcelas

Reunión. En una semana, el centenar de propietarios de terrenos afectados deberá presentar una oferta de alquiler y venta para su negociación.
MIGUEL CORRAL

C erca de un centenar de propietarios de terrenos afectados por la futura explotación de la mina de wolframio, en Barruecopardo, reconocieron legalmente ayer a la empresa La Fisconta como mediadora de la empresa Saloro S. l. U. para establecer el futuro contrato de cesión de uso, con opción de compra, de sus propiedades.

En total serán 360 hectáreas, repartidas en 150 parcelas, de suelo afectado bien para la excavación a cielo abierto de la explotación minera, bien para la creación de accesos, o depósito de escombros o áridos, por lo que en la mayoría de los casos se requerirá de un uso exclusivo, como explicaron los representantes de La Fisconta.

El contrato de arrendamiento para el uso del suelo se formalizará por periodos de seis años con renovación forzosa hasta los 18 años, plazo éste en el que se prevé el fin de la explotación. No obstante, los propietarios tendrán dos posibilidades: la primera sería el arrendamiento de la finca con una cláusula de opción de compra que el propietario podrá forzar en el primer año de contrato, pero que la empresa podría ejercer durante el periodo establecido en el contrato; o en caso contrario, la venta de la parcela desde un primer momento.

Sobre el pago del alquiler, la empresa fijó dos plazos anuales, si bien, en ningún momento se barajaron precios, aunque lo que sí quedó meridianamente claro es que los propietarios no podrán negociar de forma conjunta el precio de los alquileres o la venta, “la negociación será individual con cada uno de los propietarios”.

También, en esta primera toma de contacto con los propietarios, los representantes de la gestora informaron de las posibilidades que establece la Ley en aquellos casos en los que algunos propietarios no estuvieran dispuestos a ceder el uso de sus terrenos, lo que obligaría a Saloro a iniciar un procedimiento administrativo de expropiación por motivos de utilidad pública del proyecto y del que resultaría un justiprecio que le sería abonado a los propietarios en cuestión.