¿La nueva PAC dará respuesta a los problemas de los profesionales?

El director general de la PAC en la Junta confía en que Europa promueva “precios justos” para los agricultores y se eviten los "desfases"
El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Juan Pedro Medina, ha mostrado su deseo de que la nueva normativa europea promueva “precios justos” para los productores.

Ha detallado que es preciso revisar el sistema de precios para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, pero dando “mayor poder de negociación” al sector primario para que la revisión de precios no perjudique “como hasta ahora” a los profesionales del campo.

Ha insistido en que hay “diferencias abismales” entre los precios de origen, lo que se les paga a los agricultores y ganaderos, y los que finalmente tienen los productos cuando se ponen a la venta para el consumidor.

De ahí que haya subrayado que los valores deben “ajustarse” en esos “eslabones intermedios” y “no como ha venido ocurriendo hasta ahora”, en el origen, donde los productores no cuentan con la fortaleza individual para defender sus intereses, tal y como ha explicado.

Así lo ha explicado antes de intervenir en la jornada ‘50 años de Política Agraria Común’, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Salamanca (USAL), donde los expertos se han centrado en la influencia de la PAC en los alimentos europeos.

Juan Pedro Medina ha detallado que hasta el momento la Política Agraria Común se ha dividido en dos ciclos. En los primeros 25 años no hubo “cambios importantes” y, en cambio, en los últimos 25 años, los responsables optaron por todo lo contrario con “reformas sucesivas”.

Según ha añadido, a partir de 2013 la nueva PAC abogará por medidas “más verdes y más ecológicas” que primarán los productos de calidad por encima de la cantidad. Unas líneas en las que Juan Pedro Medina espera que se trate también de que los profesionales del campo cuenten con “precios justos”.

Finalmente, ha señalado que la PAC seguirá siendo “esencial” en Europa y que, a pesar del desembolso que supone a las administraciones, es “barata” para los ciudadanos, a los que les supone unos 30 céntimos de media.