La Justicia dicta en Salamanca 178 órdenes de protección por casos de violencia doméstica desde 2011

(Foto: Chema Díez)

La provincia ha acumulado 211 asuntos incoados (desde 2011 hasta el 10 abril de 2014), con 33 casos denegados. En el cómputo global, ocupa uno de los índices más bajos del país.

La lacra de la violencia de género continúa siendo un problema sin erradicar en el conjunto de España pero Salamanca se ha convertido en una de las provincias donde existe un menor índice de asuntos incoados. Al menos eso es lo que reflejan los datos hechos públicos por el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género.

 

Así, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 (hasta el 10 de abril), Salamanca ha registrado un total de 211 asuntos incoados, de los que 178 correspondieron a ódenes de protección concedidas y el resto, 33, denegadas, con una evolución desigual con el paso de los años.

 

De este modo, en 2011 se concedieron 61 órdenes por las cinco denegadas; en 2012, 42 positivas y 11 negativas; en 2013, 56 y 12; y en lo que va de ejercicio 2014, se han concedido 19 y denegado 5.

 

En el conjunto de España, solo presentan menos expedientes por violencia de género Segovia, Soria, Huesca o Ceuta y Melilla, mientras que Madrid, Barcelona o Valencia tienen el desgraciado privilegio de ser las que acumulan un mayor número.

 

El Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica depende del Ministerio de Justicia, y más en particular, la gestión del Registro corresponde a la Subdirección General de Registros Administrativos de apoyo a la Actividad Judicial.

 

Se inscriben en el mismo las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, la inscripción de los quebrantamientos de cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos procedimientos penales, según recoge el ministerio de Justicia en su página oficial.