La Justicia da un revés al proyecto de Hidalgo dando carpetazo al 'caso Orihuela'

Juan José Hidalgo (Foto: Chema Díez)

La Audiencia Provincial destaca que para participar en la competición no basta con la acreditación de unos méritos deportivos, sino que también es necesario presentar unos requisitos económicos.

La Justicia ha dado un nuevo revés al proyecto de Juan José Hidalgo con la decisión de poner punto y final al 'caso Orihuela', obligando a los clubes en concurso de acreedores a cumplir con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

 

De hecho, uno de los problemas principales viene a colación de que la Federación exige a todos los clubes unos requisitos que el Salamanca de momento no tiene, como son ser un club o una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), que por el momento no cumple. A esto hay que sumarle la deuda que acumula la extinta UD Salamanca y la que aún mantiene con los jugadores de la temporada pasada.

 

Con este hecho, la Justicia ha dado un nuevo golpe al Salamanca porque la situación del Orihuela es la misma que la del nuevo club de Hidalgo, que aún busca salir a competir en las mejores condiciones posibles y espera una decisión en firme del organismo federativo.

 

Así, la Federación ha anunciado que la Audiencia Provincial de Alicante ha cerrado el conocido “caso Orihuela”, estimando los recursos interpuestos por la RFEF y a la AFE, contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante (sede en Elche), que obligó la inclusión del Orihuela CF en la Segunda División B, la pasada temporada, a pesar de no cumplir con la normativa reguladora de la competición.

 

La Audiencia Provincial destaca que para participar en la competición no basta con la acreditación de unos méritos deportivos, sino que también es necesario acreditar unos requisitos económicos, sin que pueda utilizarse como pretexto para su elusión, el hecho de encontrarse en situación de concurso de acreedores.
 

Igualmente, se enfatiza en que el sistema de avales establecido por la RFEF es de aplicación directa y preferente a la Ley Concursal, cuyos principios deben ceder ante la normativa reguladora de participación en la competición y resulta de obligado cumplimiento para todos los clubes afiliados a la RFEF, sin que el juez del concurso pueda impedirlo.
 

La Segunda División B se compuso en la temporada 2012/2013, de 81 equipos, por la inclusión, por mandato judicial, de un club que no cumplía con los requisitos de participación exigidos al resto de contendientes. Un año más tarde, la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la postura de la RFEF y de la AFE en defensa de la igualdad entre los competidores y validado las reglas reguladoras de la competición, que son auténticas normas de obligado cumplimiento para todos los clubes.
 

El auto judicial es firme e irrecurrible y condena en costas al club Orihuela CF.