La justicia anula los 16 expedientes que Mañueco abrió a los bomberos por protestar en una inauguración

Pancarta que desplegaron los bomberos en febrero en protesta por el gasto en la 'torre de fuego'.

Los juzgados sentencian que la protesta de los bomberos ante Mañueco fue libertad de expresión y no una desconsideración, declarando nulas todas las sanciones que impuso el alcalde para reprimir las críticas a la inversión en la 'torre de fuego' del parque de bomberos.

Duro revés para Fernández Mañueco a poco más de un mes para las elecciones. Los juzgados de Salamanca han anulado su decisión de expedientar a 16 bomberos de Salamanca que interrumpieron con una protesta una inauguración en la que el alcalde visitaba la denominada 'torre de fuego', una instalación en el parque de bomberos que costó un millón de euros, que Mañueco impulsó como consejero y usó trampolín para su primera candidatura, pero que se ha mostrado totalmente inútil. Este fue el motivo de la protesta y también el de las sanciones impuestas por el propio alcalde, que no toleró que un grupo de bomberos denunciase el despilfarro que suponía gastar una enorme partida cuando el cuerpo trabajaba con vehículos y material obsoletos.

 

La reacción inmediata del alcalde fue imponer una dura sanción de un mes de empleo y sueldo para 16 de los agentes del servicio de extinción de incendios, además de la mácula en sus hojas de servicio. Ahora esa 'mano dura' que aplicó Fernández Mañueco se vuelve en su contra y le devuelve, a pocos días de las elecciones, un tema que ha sido un dolor de cabeza toda la legislatura. El motivo es que este martes se ha sabido que la justicia fallaba a favor de los bomberos expedientados en los tres últimos casos que estaban sin juzgar. El resultado, que se les tendrá que compensar el mes de empleo y sueldo y limpiar sus historiales de una infracción que no lo fue.

 

Según las sentencias, repartidas en los juzgados 1 y 2 del contencioso administrativo y a las que TRIBUNA ha tenido acceso, las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Salamanca son contrarias a derecho y se declaran nulas y sin efecto. Se condena al consistorio al pago de 30 días de salarios y sus intereses a cada uno de los 16 bomberos expedientados como compensación por las sanciones de un mes de empleo y sueldo impuestas.

 

Según explicó en su día el propio Fernández Mañueco, se decidió sancionar a los bomberos por haber interrumpido un acto institucional. El día 13 de febrero de 2013, el alcalde, el presidente del PP salmantino, Javier Iglesias, y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, acudieron a la inauguración de una instalación de entrenamiento en el parque de bomberos en la que se había gastado un millón de euros. Este es el "acto institucional" al que se refería el alcalde, que era quien había impulsado este gasto desde su puesto como consejero de Presidencia.

 

En el momento de la visita, un grupo de bomberos exhibió una pancarta en la que se podía leer "Torre despilfarro 1.034.000 €. Menos políticos. Más educación, sanidad y seguridad" como se puede ver en la imagen que acompaña esta información. Una insubordinación que el alcalde no iba a pasar por alto. Sus argumentos, que “no fue el momento más adecuado” y que “aunque hay libertad de expresión, un derecho constitucional, los bomberos interrumpieron un acto institucional”. La reacción de Fernández Mañueco fue ordenar que se expedientara a 16 de los bomberos que protestaron, decisión de que la que derivaron dos sanciones de 15 días de suspensión de empleo y sueldo para cada uno: una por obstaculir la exhibición prevista en la visita y otra por grave desconsideración a los superiores, autoridades y compañeros presentes. A las que se sumaron tres apercibimientos por faltas leves.

 

En la argumentación de sus sentencias, los dos juzgados que han visto los casos recuerdan que la libertad de expresión "no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda inquietar, molestar o disgustar a aquel contra la que se dirige". Y que los cargos públicos tienen que "tolerar las críticas que a su conducta se hagan". Además, añaden que el acto en sí se pudo desarrollar con toda normalidad, salvo en una cuestión: una de las exhibiciones previstas no pudo realizarse por un fallo en la instalación, concretamente, en los quemadores. La justicia niega que los bomberos obstaculizaran el desarrollo del acto y también que actuaran de manera desconsiderada hacia las autoridades porque la mera protesta no puede calificarse como desconsideración.

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