La Junta pide "aclarar" el inventario de clubes deportivos como el CD Salamanca de la Usal dentro del plan de racionalización

La administración regional aprobará en unas semanas 68 medidas para avanzar en la mejor gestión de las instituciones.

La Junta de Castilla y León aprobará previsiblemente en el plazo de "dos o tres semanas" un paquete de cerca de 68 medidas con las que "avanzar en la racionalización" de instituciones, fundaciones y empresas públicas y ahorrar, de este modo, su coste, en línea con el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Gobierno de España.

  

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión de los titulares de esta cartera de las comunidades autónomas del PP celebrada en Madrid bajo la presidencia de la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal, y en la que también han participado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

 

En declaraciones recogidas por Europa Press, De Santiago-Juárez ha subrayado que en el encuentro las comunidades 'populares' han acordado la supresión de entidades públicas para conseguir un ahorro económico, o bien su racionalización mediante medidas que permitan reducir su coste, opción ésta última seguida por Castilla y León.

 

Así, el consejero ha recordado que ya en su Debate de Investidura, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se comprometió con este "camino de austeridad" que en los dos años de legislatura se han traducido en "dos leyes de racionalidad aprobadas" que han permitido la reducción del número de consejerías, del volumen de instituciones propias, del gasto corriente de las mismas, del número de sus vocales o de su personal laboral.

  

En este sentido, ha defendido que Castilla y León "ha hecho sus deberes" con medidas como la vinculación de las cuentas del Procurador del Común, del Consejo de Cuentas, del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Consultivo al presupuesto de las Cortes autonómicas, así como la creación de una Secretaría General Común para todas ellas dependiente del Parlamento regional.

  

Por lo que se refiere al paquete de medidas que próximamente aprobará el Ejecutivo autonómico, De Santiago-Juárez ha apuntado que se trata de lo "ya presentado" en una Comunicación de la Junta a las Cortes en un pleno celebrado el pasado mes de diciembre en la que también se defendieron las medidas adoptadas hasta la fecha.

  

En cuanto a la reducción de instituciones y empresas públicas, el consejero ha recordado que de las 36 existentes se ha suprimido un 50 por ciento, con lo que se ha pasado a 18, lo que ha permitido un ahorro en el gasto de estas partidas del 40 por ciento, de acuerdo con los datos facilitados por De Santiago-Juárez.

  

Por otro lado, ha cifrado en 46 el número de entidades en las que la Junta está presente "sin poder de decisión" y en las que, por tanto, el Gobierno de la Comunidad estudia reducir su presencia o salir de ellas.

 

ACLARAR EL INVENTARIO

  

No obstante, José Antonio de Santiago-Juárez ha pedido a Cristóbal Montoro que "aclare" el inventario de empresas y fundaciones públicas para evitar la "confusión" que puede generar el actual, ya que según ha explicado, incluye las fundaciones generales de las universidades públicas de Castilla y León o incluso entidades deportivas "como el Club Deportivo de la Universidad de Salamanca" en los que "nada tiene que ver la Junta".

  

De acuerdo con estos criterios, el número de instituciones y fundaciones públicas de Castilla y León se elevaría hasta "las 70 o las 80", algo que "no refleja la realidad" y que "genera confusión".

  

Por último, el consejero ha confirmado que el encuentro celebrado en Madrid ha servido también para "hablar de los planes de regeneración democrática", dentro de lo cual ha defendido los "logros" del programa de Gobierno Abierto que Castilla y León puso en marcha en marzo de 2012.