La Junta lleva al Contencioso el contrato municipal del agua

Medida. La Comisión de Precios considera que el Ayuntamiento no tiene competencias para aplicar la revisión de las tasas.
MIGUEL CORRAL

La Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León ha presentado ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo un recurso solicitando la nulidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vitigudino por el que se aprobó la contratación a la empresa Isolux Corsán del servicio municipal de suministro de agua.

Esta decisión llega después de que la Comisión de Precios de Castilla y León haya estimado que el Ayuntamiento se excede en las competencias para la revisión de tarifas por este servicio, y por ello, la Consejería de Interior solicita a sus servicios jurídicos que tramite la impugnación del acuerdo, ante el Contencioso-Administrativo, adoptado por el equipo de Gobierno del PP el pasado mes de mayo.
Éste fue, sin duda, el tema más relevante de los abordados ayer en la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento, una convocatoria que comenzó a las 9.30 horas y en la que el portavoz del Grupo Socialista instó a la Alcaldía a que “dé las instrucciones oportunas para que la empresa contratada devuelva lo cobrado a los vecinos”, advirtiéndole de que “si esto no se produce acudiremos al fiscal anticorrupción”.

Subida del recibo del 100%
Y es que las palabras de Toribio Plaza llegan en un momento de especial interés entre la población una vez que en estos días están comenzando a recibir en sus domicilios el recibo del agua, del último trimestre, con una subida del 100% respecto a los anteriores. En este sentido, el portavoz de UPS, Antolín Alonso, fue del todo expeditivo al anunciar su decisión personal de “devolver el recibo”.

De esta manera, y a la espera de que los juzgados dictaminen si el Ayuntamiento se excedió en sus competencias, el proceso de contratación de este servicio vuelve a quedar en entredicho y justifica las alegaciones presentadas en su día, por el Grupo Socialista, en relación a que la aplicación de nuevas tarifas debían ser sometidas con anterioridad a la aprobación de la Comisión de Precios de Castilla y León, tal como sucedió con la subida de los precios del autobús en la capital salmantina.

Plaza incluso fue más allá en este pleno al denunciar el procedimiento errático y confuso en que se ha desenvuelto esta contratación, recordando las manifestaciones de responsables de la empresa concesionaria que negaban, en aquella popular mesa de contratación, lo que ahora es evidente; una circunstancia que –según el portavoz del PSOE– intentaron solucionar el 10 de junio pasado, cuando a 18 días de que se produjera la contratación definitiva del servicio y el procedimiento de alegaciones en curso, la empresa solicitó ante la Comisión de Precios la autorización para modificar las tarifas.

También, sobre aquella controvertida mesa de contratación, el portavoz de UPS exigió en su turno de ruegos la revisión de la oferta en tanto que se entendió que la aplicación del nuevo tarifario no se produciría hasta enero de 2011.

En ese mismo turno de ruegos, Toribio Plaza calificó de “error” la ejecución del proyecto del nuevo Ayuntamiento por no contar con las garantías suficientes para su financiación.

Erratas en informes
En cuanto a las manifestaciones realizadas a este diario respecto a la existencia de informes contradictorios, el socialista explicó las diferencias de opinión en los informes económicos de Intervención y el de Secretaría en tanto en el primero se hacía referencia a que el presupuesto de licitación superaba el 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento y el otro decía lo contrario. En este sentido el secretario señaló tratarse de una errata en la redacción del primer informe.