La Junta descarta que El Corte Inglés tenga que asumir más medidas correctoras en Salamanca

El edificio de El Corte Inglés en Salamanca. Foto: T. Sánchez

La Junta de Castilla y León estima en un informe de la Dirección General de Comercio que no cabe exigir a El Corte Inglés más medidas correctoras que las que asumió en su día. El motivo: que desde 2009 la normativa lo prohíbe al trasponerse una directiva europea.

La Junta de Castilla y León ha cerrado la puerta a más medidas correctoras por parte de la sociedad de El Corte Inglés por su instalación en Salamanca. En un informe de la Dirección General de Comercio, la administración regional ha querido aclarar la situación de las actuaciones correctoras o compensaciones. La clave está en la legislación aplicable, que ha cambiado desde la concesión de licencia a los grandes almacenes.

 

Cuando El Corte Inglés negocia los términos para instalar un nuevo centro comercial de su cadena en Salamanca, estaba vigente el Plan Regional de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (aprobado en el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre), que desarrollaba lo que sí era una exigencia entonces, las compensaciones a los sectores económicos locales afectados por una licencia de gran superficie, tal y como se señalaba en la Ley 16/2002, de Comercio de Castilla y León.

 

Sin embargo, posteriormente la ley cambió para adaptar la normativa española y autonómica a la directiva marcada por Europa, que prohíbe taxativamente este tipo de compensaciones por considerarlas un acto que daña la libre competencia. Así lo expresa el informe de la Dirección General de Comercio al que TRIBUNA ha tenido acceso. Esa directiva está traspuesta e integrada en la normativa autonómica desde 2009.

 

"Estas actuaciones correctoras, dado su claro carácter económico están expresamente prohibidas por la Ley Estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, como expresión de la trasposición de la conocida Directiva 2006/123 relativa a los servicios en el mercado interior, y se han plasmado en las sucesivas modificaciones de la Ley de Comercio de CYL, que actualmente están recogidas en el decreto legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de CYL".

 

Es decir, que los grandes almacenes debieron ofrecer en su día una serie compensaciones, constituídas por el pago de los costes de construcción de la nueva plaza de la Concordia, la nueva calle que se abrió, el centro Julián Sánchez 'El Charro' y el campo de fúbol del ISPE; pero que, posteriormente, este tipo de medidas han quedado prohíbidas y no se pueden aplicar. "En este sentido, cualquier planteamiento actual relativo a una modificación o a nuevas exigencias de actuaciones correctoras en el expediente de referencia fundamentadas en la legislación comercial aplicable, resultan imposibles", asegura el informe referido.

 

En su día, la concesión de la licencia a la sociedad mercantil ya fue objeto de modificaciones al solicitar El Corte Inglés variar el acuerdo inicial alcanzado para ampliar las compensaciones acordadas, incluyendo las acordadas con la Asociación de Comerciantes de Salamanca AESCO, a la que se entregaron 187.000 euros para que realizara medidas de apoyo al comercio tradicional.

 

Según el informe de la Dirección General de Comercio, "la obligación reglamentaria de presentación de las actuaciones correctoras, correspondía única y exclusivamente a El Corte Inglés S.A:, y que éste mantuvo puntualmente informada a esta administración de las cuestiones referidas a la aplicación de la orden por la que se le concedía la licencia de Gran Establecimiento Comercial, remitiendo el cumplimiento de las actuaciones correctoras, así como de la documentación que lo justifica".

 

Es decir, que la administración regional se ocupó de comprobar el cumplimiento de lo acordado. "Esta Dirección General, en ningún momento se dirigió a los terceros con los que el ECI S.A., se relacionó para al cumplimiento de las actuaciones correctoras, puesto que, de acuerdo con la normativa entonces vigente,  era el titular de la licencia comercial el obligado a cumplirlas y a remitir la documentación demostrativa", añade. "Por ello no puede afirmarse que existieran fondos públicos, ni que se auditaran o evaluaran las actuaciones de aquellos terceros por parte de la Dirección General que, como puede comprobarse con la documentación que se remite en relación a su solicitud, se limitaba a comprobar el cumplimiento satisfactorio y documentado mediante certificado de la realización de las actuaciones".

 

Lo que no cambia es la necesidad de recuperar la legalidad urbanística, ya que la justicia ha anulado todas las licencias que concedió en su día el Ayuntamiento de Salamanca y toda la base del planeamiento hecho; a pesar de ello, el equipo de Gobierno comandado por Fernández Mañueco, y con el concejal impulsor de todos los movimientos hechos en su día, Fernando Rodríguez, no ha hecho ni un solo movimiento en la dirección adecuada para restaurar la legalidad. Sobre el papel, es necesario un nuevo cómputo de la edificabilidad concedida y la utilizada por el centro comercial, y equilibrar la diferencia.