La Junta defiende el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio

La elaboración del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León es resultado de un proceso abierto y participativo, desarrollado a lo largo del último año y medio, impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de la Presidencia y en el que han participado las entidades locales y los agentes políticos y sociales de la Comunidad

Por esta razón, una semana antes del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre, se reunió la Mesa de Ordenación del Territorio - viernes 21 de diciembre- para tratar de los contenidos del anteproyecto de ley. En la Mesa está presente el Grupo Parlamentario Socialista y asistió su representante en esta, Ana Redondo. En esa reunión todos los asistentes tuvieron ocasión de conocer el contenido del anteproyecto; contenido que fue reflejado en los medios de comunicación de forma muy detallada tras la reunión.

 

El anteproyecto recoge todos y cada uno de los puntos previstos en el Acuerdo Básico alcanzado el 10 de octubre entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León y el Partido Socialista de Castilla y León en materia de ordenación servicios y gobierno del territorio, que constituye la base del anteproyecto y, en particular, los aspectos expresados por el secretario general del Partido Socialista en sus declaraciones de ayer en relación con la no supresión de municipios ni entidades locales menores, y la no creación de entes administrativos intermedios.

 

Los aspectos relativos a la financiación, también mencionados en esas declaraciones, tal y como recoge el Acuerdo, se aprobarán posteriormente. Concretamente, la referencia del Acuerdo a esta cuestión dice expresamente: “Una vez que el Estado apruebe la modificación de la legislación básica sobre régimen local, y la comunidad autónoma apruebe la Ley de Ordenación y Servicios y Gobierno en el Territorio, la Junta de Castilla y León asume el compromiso de aprobar, en los tres meses siguientes, un Proyecto de Ley que regule la forma efectiva de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la redacción del artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía”.

 

La voluntad de la Junta de Castilla y León de cumplir el acuerdo se refleja además en que su contenido ha inspirado ya, a lo largo de estos meses, la firma de diferentes protocolos entre la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.

 

La Junta de Castilla y León respeta los acuerdos que firma

 

La búsqueda de pactos y consensos es una constante en la labor de gobierno de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, también el respeto de esos acuerdos.

 

En este sentido, hay que recordar que el Acuerdo Básico en materia de ordenación, servicios y gobierno en el territorio incluye los siguientes puntos, contemplados todos ellos en el anteproyecto de ley: no suprime ningún municipio ni entidad local menor, se profundiza en la cooperación entre las entidades locales y los municipios a los que pertenecen; se crean las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, que se configurarán en un nuevo mapa territorial en el que deberán converger los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León; se articulan fórmulas flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y sus alfoces; se impulsan las mancomunidades de interés general fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios, que deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, con una cartera de servicios común; las mancomunidades no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas; se refuerzan y modernizan las diputaciones provinciales para adecuarlas al nuevo modelo, suprimiendo duplicidades.

 

Las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, en las que tilda la presentación del anteproyecto como “presentación de forma unilateral y no negociada”, muestran el desconocimiento de hasta qué punto ese anteproyecto es el resultado del trabajo realizado en el seno de la Mesa a lo largo de estos meses y como consecuencia, precisamente, de un Acuerdo con el Partido Socialista en el que su secretario general ha tenido un papel muy destacado, asumiendo esta iniciativa como un proyecto de Comunidad.

 

La presencia, hace justamente una semana, de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa de Ordenación permitió al Partido Socialista de Castilla y León conocer pormenorizadamente el anteproyecto de ley aunque, como es obvio, el texto no fue entregado en esa reunión, pues parece lógico que lo conozca en primer lugar la Junta de Castilla y León, a quien corresponde la responsabilidad de gobierno. En esa misma reunión se informó de que el anteproyecto se iba a presentar este jueves 27 de diciembre por parte de la Junta. De esta forma, las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Castilla y León manifestando desconocer el contenido del anteproyecto sólo pueden mostrar un problema de comunicación interna dentro de su propio partido.

 

La reunión de la Mesa de Ordenación y el contenido del anteproyecto allí explicado fueron recogidos puntualmente por los medios de comunicación, que resaltaron que lo allí explicado es fruto del Acuerdo Básico firmado con el Partido Socialista, por lo que para la Junta de Castilla y León constituye una sorpresa que el propio firmante del Acuerdo no reaccione de forma más positiva al cumplimiento de lo pactado.

 

En suma, el Acuerdo Básico firmado con el partido socialista está desarrollándose a buen ritmo y es difícil entender que cuando los medios de comunicación destacan precisamente este hecho, uno de sus principales protagonistas parezca desconocer que la aprobación de este anteproyecto supone un paso muy positivo en un proyecto de Comunidad que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.