La Junta da un nuevo paso para que Fernández Mañueco no pueda ser procurador y alcalde al tiempo

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el de León, Antonio Silván, y el procurador del PP Sanz Vitorio, que defendió el voto en contra.

La Junta aprueba un nuevo estatuto del alto cargo que prohibirá compatibilizar un escaño en las Cortes con la alcaldía de capital de provincia. Mañueco, al que la oposición critica su escasa dedicación al municipio, es uno de los afectados.

El consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el anteproyecto de la ley que regirá la actividad del alto cargo. Un cambio en la normativa que pretende modificar de manera sustancial la relación de la clase política regional con los ciudadanos y que introduce algunas novedades importantes. Entre las de más calado, las limitaciones al ejercicio de cargos públicos, que afectan desde el presidente de la Junta a los procuradores.

 

La ley electoral autonómica se modificará con este anteproyecto de ley en dos cuestiones: primera, impedir que la condición de presidente de diputación provincial y la de alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes sea compatible con la de procurador en las Cortes de Castilla y León. A día de hoy, eso dejaría fuera a los alcaldes de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y León, Antonio Silván, los únicos que comandan una corporación de capital de provincia.

 

La duplicidad de cargos de Fernández Mañueco ha sido muy polémica en Salamanca. Los grupos de la oposición, empezando por el PSOE, consideran muy dudoso que el el alcalde pueda ejercer y atender los dos puestos. En primer lugar, porque el reglamento municipal exige que lo haga en régimen de dedicaión exclusiva, por lo que cobra unos 65.000 euros al año; técnicamente es imposible que se dedique íntegramente al municipio cuando tiene que acudir al pleno de las Cortes, al menos, una mañana y una tarde de cada quince días, y por lo que se embolsó 25.000 euros en 2014, último dato que se ha podido saber. En tota, cerca de 90.000 euros de cargos públicos.

 

 

MÁXIMO TRES AÑOS

 

Esto supone la cuenta atrás para que Mañueco tome una importante decisión: elegir entre seguir su carrera en la política regional o centrarse en el Ayuntamiento de Salamanca. La nueva normativa prohibirá que pueda volver a encabezar las listas electorales autonómicas por Salamanca y, al tiempo, al ayuntamiento de la capital. La Junta no ha especificado cuando, pero para la próxima cita electoral autonómica y municipal, dentro de tres años, estará en vigor. Eso si antes los grupos políticos en Cortes no fuerzan la aplicación inmediata.

 

En el Ayuntamiento de Salamanca, el portavoz del PSOE, José Luis Mateos, ya le pidió que dejara de ser procurador. Y en Cortes sólo la abstención de Ciudadanos impidió que el PSOE lograra su pretensión de sacar de inmediato a Fernández Mañueco de las Cortes.

 

 

CRÍTICAS A SU DESEMPEÑO

 

Pero es que además los grupos de la oposición dudan de que Fernández Mañueco cumpla con su dedicación al municipio si tiene que atender a las Cortes y a sus cargos internos en el PP como secretario general autonómico y presidente del comité de garantías nacional. La oposición le ha criticado la escasa defensa que hace, por ejemplo, de las mociones que se aprueban en el pleno de la corporación municipal y que muchas de ellas duermen 'el sueño de los justos' sin que las defienda ante la Junta.

 

Además, habrá obligación de celebrar debates entre candidatos a la Presidencia de la Junta durante la campaña electoral. En concreto, los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León de las formaciones políticas que tengan grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León deberán celebrar, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral. Una comisión de profesionales del Periodismo en Castilla y León fijará las condiciones para la celebración de estos debates garantizando el respeto de los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad, y de acuerdo con las instrucciones que en la materia pueda establecer la Junta Electoral competente.

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