La Junta buscará consensuar la Ley de Techo de Gasto porque compromete presupuesto hasta 2020

Se prevé la incorporación vía enmienda de la proporción del 0,3 por ciento que Castilla y León debería reducir de deuda
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha avanzado que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, mantendrá una reunión con los representantes de los tres grupos parlamentarios --PP, PSOE e IU-- con el fin de consensuar la Ley de Techo de Gasto para aprobarla con el mayor respaldo posible, ya que compromete presupuesto hasta 2020.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno De Santiago-Juárez ha explicado que el acuerdo es importante dado que el anteproyecto de Ley de Estabilidad estatal y el proyecto de Ley de Techo de Gasto de Castilla y León comprometen periodos de ejecución "largos" lo que "obliga" a buscar un gran acuerdo.

Además, el portavoz de la Junta ha insistido en que la norma autonómica introducirá vía enmienda algunas modificaciones con el fin de adaptarse a las directrices marcadas por el anteproyecto nacional en el que, a pesar de que el objetivo de déficit coincide, sí introduce como novedades la reducción de la deuda pública y el cumplimiento de la regla de gasto.

En este sentido, ha recordado que el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria exige que una rebaja de la deuda de las administraciones, que no podrá superar el 60 por ciento del PIB, el 47 por ciento del gobierno, el 10 por ciento de las comunidades autónomas y el tres por ciento las entidades locales.

De este modo, se prevé la incorporación vía enmienda de la proporción del 0,3 por ciento que Castilla y León debería reducir de deuda, lo que supone unos 170 millones de euros anuales en el momento en el que la Comunidad comience a crear empleo y registre un crecimiento superior al dos por ciento.

De Santiago-Juárez ha señalado además que el proyecto de Ley deberá establecer que el techo de gasto se comunique al ministerio antes del 1 de agosto y no en septiembre como se marcaba hasta el momento.

"Se trata de una exigencia mayor para todas las administraciones, al que no cumpla se le va a sancionar", ha destacado, tras lo que ha asegurado que la Junta "quiere llegar a un gran nivel de consenso".