La juez sobresee y archiva la denuncia a los directivos de Caja España-Duero sobre el Caso Nózar

Edificio de Nózar adquirido por Caja España-Duero

Declara el archivo de la denuncia que imputaba delitos de administración desleal, apropiación indebida o estafa a los miembros del comité ejecutivo de Caja España-Duero: Isaías García Monge, Juan Antonio Martín Mesonero, Victoriano Pedraz Fuentes, Gerardo Pastor, Juan Ramón Sagarminaga, Julio Fermoso, a los directivos Lucas Hernández, José María de la Vega,  Antonio Sánchez y José Luis de la Mano Fornés, y a los representantes de Nózar Juan Carlos y José Luis Nozaleda.

La denuncia presentada por Banco Ceiss contra el anterior comité ejecutivo de la caja y los responsables de Nózar se refería a la autorización por parte de estos de la compra del edificio de oficinas situado en Méndez Álvaro (Madrid), por 55 millones de euros, y el préstamo puente concedido a Nózar S.A. por importe de 34,5 millones de euros, que se consideraban "perjudiciales para Caja Duero, porque se pagaron en ambas operaciones cantidades muy superiores al valor de dichos activos".

 

El auto salido esta misma mañana del juzgado nº 52 de Madrid y al que ha tenido acceso TRIBUNA, aclara que los motivos expuestos en la denuncia "no han quedado acreditados", ya que la finalidad de las operaciones era reducir deuda ante un inminente concurso de acreedores que finalmente Nózar presentó, y que redujo el débito de esta para con la caja de los 120 millones de euros iniciales a 40. El auto explica que el delito de apropiación indebida atribuido a los denunciados "no tiene encaje", en el de estafa "no concurren los elementos que la configuran, porque no queda acreditada la actuación engañosa por parte de los denunciados", y respecto a la administración desleal, que precisa una actuación fraudulenta por los administradores y el quebrantamiento del deber de lealtad que debe regir sus acciones, tampoco "queda acreditado que concurran los requisitos de dicho delito".

 

En sus declaraciones en el proceso judicial, los miembros del comité ejecutivo de Caja España-Duero llamados a declarar explicaron que la aprobación de las operaciones se llevó a cabo considerando que "el precio era ajustado", ya que se reducía la deuda que Nózar mantenía con la caja y al tiempo se adquiría uno de los activos de la sociedad más cotizados (el valor de tasación de TINSA que se utilizó como guía era de 56, 2 millones de euros, pero posteriormente a la compra se emitió un informe por un valor inferior. No obstante se valoraron además otras tasaciones, como la aportada por la propia Nózar). Se esperaba, además, una importante fuente de ingresos proveniente del alquiler de las oficinas del edificio de Méndez Álvaro.

 

En cuanto al crédito puente, la sentencia aclara que "de la documentación que obra en la causa se  desprente que el precio pagado fue correcto y ajustado a las condiciones de las citadas sociedades".