La juez impone a Guerrero 686 millones de fianza

Los andaluces "se verían perjudicados por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público"

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, ha dictado un auto en el que impone una fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso y en prisión desde el pasado sábado. Esta fianza rebaja la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 933 millones de euros.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza además la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta como acusación particular en este procedimiento y declararla responsable civil subsidiaria, pues en ese supuesto los andaluces "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad" en que se fijara esta responsabilidad, "cuyo importe se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que deberían ser destinados".

Así, señala que, "en el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que se investigan, con independencia del buen nombre de una determinada institución pública, son los ciudadanos de este país y, más concretamente, los de esta comunidad", de forma que "de declararse la responsabilidad civil subsidiaria, se daría la paradoja que a los únicos que la misma podría beneficiar sería a los futuros acusados" en caso de que no hicieran frente a sus propias responsabilidades.

"Por todo lo expuesto, y en la medida que la declaración de la Junta como responsable civil subsidiaria podría lesionar nuevamente el interés jurídico de los administrados por ella, que no son otros que los ciudadanos de la comunidad, dicha declaración deberá ser ponderada en el momento que corresponda, y que desde luego no es en fase de instrucción, teniendo en cuenta el doble perjuicio enunciado", apostilla la magistrada.

Pues bien, y en cuanto a la fianza a imponer a Guerrero, dice que la imposición de dicha medida cautelar "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público", tras lo cual analiza una serie de factores para determinar la misma, en primer lugar "los sólidos indicios que existen" contra el imputado, "de forma que efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera resultar condenado".

En segundo lugar, hace mención la juez al "peligro del daño derivado del inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa, que aquí resulta todavía más importante por la extensión de la misma, y que por dicha razón se demorará más allá de lo deseable el enjuiciamiento de los hechos", mientras que, en última instancia, cita "el principio de proporcionalidad", que "conecta con el valor de lo justo, con la idea de moderación, medida justa y equilibrio".

Sus superiores "pudieron advertir la presunta ilegalidad"
En cuanto a las ayudas sociolaborales concedida por Guerrero durante su mandato, atiende "a las fechas de los diferentes convenios coincidentes con el periodo de mandato del imputado", y ello "al entender que, aunque pudo haber ayudas comprometidas por el imputado en las cuales los convenios se firmaron con fecha posterior, los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayuda iniciados, no continuando los pagos y, en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro", pues se trataba de ayudas "absolutamente discrecionales, concedidas a entidades próximas a la Administración y completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido".

Siguiendo con las ayudas sociolaborales, "incluidas facturas de asesoramiento a empresas", analiza las ayudas concedidas entre 2001 y 2008, en cuyos cuatro primeros meses Guerrero "ordenó el pago" de 65.220.175,86 euros, y dice que el total de ayudas concedidas es de 456.127,8444 euros.

En cuanto a las ayudas abonadas a las empresas, la magistrada analiza "solamente las efectivamente abonadas, con independencia que consten concedidas muchas otras", como son las ayudas pagadas a las empresas de José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, que según la juez ascienden a 15.649.361,24 euros, mientras que las sociedades vinculadas a las anteriores recibieron 2.580.657,87 en ayudas.

Las ayudas al hermano del expresidente Borbolla
De su lado, según indica la magistrada, las empresas dedicadas al corcho y demás empresas relacionadas con Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, recibieron de Guerrero ayudas por importe de 8.408.096,42 euros, una cifra en la que no incluye las que no fueron efectivamente pagadas.

La magistrada, a la hora de estipular la fianza, tiene en cuenta también que las ayudas recibidas por el resto de las empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, incluidos los ayuntamientos de Guadalcanal y San Nicolás del Puerto, ascendieron a 6.746.485,32 euros, mientras que las empresas relacionadas con el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, recibieron 1.350.000 euros, y el resto de las empresas de la región percibieron ayudas por valor de 21.840.565,01 euros, lo que hace un total de 59.610.277,93 euros.

En relación a las primas recibidas por los 'intrusos' --"aunque el montante que resulte seguramente aumentará con el estudio de los sucesivos expedientes"--, la juez Alaya concluye que las mismas ascendieron a 3.080.867,78 euros, mientras que los 'pagos cruzados' ascienden a 4.019.999,80 euros. Todas estas cantidades hacen un total de 522.838.989,51 euros, a lo que la juez suma otros cinco millones "en previsión de futuras responsabilidades, de la aparición de nuevos 'intrusos' comprometidos por Guerrero o de nuevos pagos cruzados", y un tercio previsto por la Ley, exigiéndole a Guerrero finalmente 686 millones.