La Fiscalía, tras los pasos de Terciado por su gestión en Cecale

Jesús Terciado, en un acto de Cepyme.

Como publica el diario ABC en su edición de hoy, el órgano judicial investiga un posible delito de «corrupción en el sector privado» durante la etapa en la que Jesús Terciado fue presidente de la patronal regional. Se trata de esclarecer si Cecale reclamaba cuotas a las empresas por ser seleccionadas para prestarle servicios.

El diario ABC publica hoy que a la semana más dura para Terciado, en la que se vio forzado a a dimitir de sus cargos de presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, se le suma un nuevo problema judicial. En este caso ha sido el juzgado de Primera Instancia número 1 de Valladolid el que ha solicitado a la Fiscalía a través de un traslado de providencia que se investigue un posible delito de «corrupción en el sector privado» durante la etapa en la que Jesús Terciado fue presidente.

 

Se trata, según relata el diario en su edición regional, "de esclarecer si Cecale reclamaba cuotas a las empresas por ser seleccionadas para prestar servicios y si estas aportaciones eran acordadas con la patronal como un porcentaje (del 10 al 20%) del total facturado por los servicios prestados. Es decir, si había un retorno de la subvención pública de la que supuestamente se beneficiaría la propia Cecale".

 

El origen de esta trama, continúa el artículo, "comienza en octubre de 2013, cuando una empresa que realizaba cursos de formación por mediación de Cecale le reclamó 230.000 euros, tal y como ya publicó ABC. Se trata de la Escuela Empresarial Platón S. L. de Valladolid, a la que la patronal regional concedía la mayor parte de los cursos financiados con los fondos procedentes de la Junta de Castilla y León. Tanto es así que, entre 2008 y 2012, años de Terciado como presidente y de Héctor Arias como secretario general, la firma recibió más de 1,7 millones de euros por impartir dichos cursos. La empresa alega que adelantó a Cecale 230.000 euros en concepto de diferentes fianzas supuestamente vinculadas a la concesión de cursos subvencionados por el Ecyl, mientras que Cecale argumenta que esa cantidad corresponde a una cuota por asociado, dato que cuanto menos sorprende por ser una cantidad muy elevada para una empresa con menos de diez trabajadores".

 

Todo este asunto deviene de los resultados de la auditoría de gestión que la actual directiva de Cecale encargó a la consultora KPMG y que ponía de manifiesto posibles irregularidades en la gestión del anterior presidente, Jesús Terciado, y que la patronal salmantina Confaes había denunciado con denuedo ante la resistencia del resto de los miembros de este órgano a investigar más en profundidad, por lo que finalmente hubo de judicializarse el asunto. De hecho, el juicio comenzó el pasado miércoles con la declaración del entonces secretario general de Cecale, Héctor García Arias. Sus argumentos, según narra ABC "no convencieron al juez, que de inmediato trasladó la denuncia a la Fiscalía al advertir que las sumas reclamadas pudieran ser realmente cantidades abonadas por la empresa con la única finalidad de conseguir y mantener la contratación de los cursos de formación subvencionados con fondos públicos, conducta que pudiera ser incardinable en al art. 286 bis del Código Penal; el denominado delito de 'corrupción entre particulares' o también conocido como 'corrupción en el sector privado'.

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