La fiscal pide la demolición de las 13 viviendas de la parcela 39

Conclusiones. El Ministerio Público acusa de “cometer un delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística”.
E.BERMEJO

La fiscal que instruye el caso de Julián Rodríguez, el ex alcalde Gomecello, acusado de conceder licencias en terrenos no urbanizables para construir una promoción de trece chalés, y para el que pide 18 meses de multa e inhabilitación, le acusó ayer de cometer un delito contra la ordenación del territorio y de “prevaricación urbanística”, durante las conclusiones del juicio que durante los dos últimos días se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Salamanca. Asimismo, acusó al segundo imputado, Sebastián Matilla, administrador de la empresa Promociones y Construcciones Gomecello S. L., promotora de la obra, de otro delito contra la ordenación del territorio.

En el primer caso, el Ministerio Público aseguró que Rodríguez “informó favorablemente sobre unos terrenos, a sabiendas de que estaban catalogados como suelo rústico” y que en el delito concurre su “carácter de autoridad”. También le acusó de la concesión de licencias en contra de la norma urbanística, “y tras los sucesivos informes desfavorables de la Diputación y el Colegio de Arquitectos”.

En el segundo caso, la fiscal precisó que el empresario reúne los requisitos “que permiten sancionar a los promotores que edifican en suelos no urbanizables, según muestran los diferentes informes periciales”. En este caso concurre el elemento subjetivo, “ya que el acusado conocía el carácter rústico de la parcela”.

También subrayó que en un futuro “la parcela podría ser considerada suelo urbanizable, pero no se permitirá la construcción hasta que no se desarrollen los correspondientes Planes Parciales”. Y matizó que Gomecello no tiene planeamiento urbanístico, porque las Normas Urbanísticas aprobadas en enero de 2007, todavía están en su fase inicial, “por lo que el municipio debe regirse, hasta su aprobación definitiva, por las Normas Subsidiarias provinciales”.

Por lo que se refiere a las viviendas, que ya están prácticamente terminadas, precisó que “se trata de restablecer la legalidad. La obra es ilegalizable y, por lo tanto, no debe existir”. E hizo hincapié en que la demolición es la única medida, “ya que los informes de los técnicos son contundentes”, concluyó.

Por su parte, el abogado de Julián Rodríguez, solicitó una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para su defendido ya que, a su juicio, “faltan pruebas para acusarlo y el atestado policial no es suficiente”. De la misma forma, señaló que la fiscal hizo referencia a documentos “en los que falta el cuerpo del delito” y aseguró que la concesión de la licencia no es objeto de la acusación del Ministerio Público, sino un informe del alcalde que, “sorprendentemente”, no está en las actuaciones.
“Sorprendentemente no ha sido objeto de prueba algo tan fundamental como el proyecto básico, que tampoco está en las actuaciones, por lo que invalida la solicitud de una posible condena”, dijo, y criticó que la acusación pública se basara en las declaraciones de la actual alcaldesa, “que dice ser enemiga del acusado y de su letrado”.

Según el abogado defensor, el Ayuntamiento de Gomecello nunca llegó a aprobar los criterios gráficos de delimitación. “La consecuencia es que no están aprobadas las Normas Subsidiarias provinciales y no afectan al Ayuntamiento de Gomecello”. Por este motivo, “si no hay Normas Subsidiarias aprobadas, no hay planeamiento en el municipio, y si no hay planeamiento, entra en vigor el artículo 30 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León”. Esta ley dice que tendrán carácter de suelo urbano los terrenos con accesos rodados, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico y que forman parte de un núcleo de población. Por último, la defensa de Rodríguez precisó que los técnicos de la Diputación deberían haber sido conscientes de que no se actuaba conforme a la legalidad e intervenir en el asunto en base a lo estipulado en el artículo 366 del Reglamento de Castilla y León, pero “no comunicó nada al Ayuntamiento, ni le ofreció medidas jurídicas, técnicas o económicas, ya que son ellos los que deben ejercer directamente las técnicas de restauración de la legalidad”.