La ejecución de sentencia da a Mañueco 20 días para poner en marcha una solución

Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa.

Al comunicar el TSJ la petición, se abre un plazo para que el Ayuntamiento de Salamanca especifique qué medidas va a tomar: tendrá que aclarar para qué tiene permiso de la Junta y qué solución va a proponer.

La solicitud de ejecución de sentencia impulsada por Foro de Izquierdas-Los Verdes no va a tener ningún efecto pernicioso sobre el funcionamiento de El Corte Inglés, pero lo que sí va a forzar es a un movimiento del Ayuntamiento de Salamanca. Así lo ponen de manifiesto fuentes de la organización que ha liderado la lucha judicial para que la instalación del centro comercial se ajuste a la legalidad urbanística, y que le ha ganado todos los asaltos judiciales al consitorio.

 

Con la comuncicación que ha hecho el TSJ CyL al Ayuntamiento de la petición de ejecución de sentencia, se abre un plazo de 20 días para que el equipo de Gobierno mueva ficha. Este es el tiempo que tiene para contestar, mucho menos del que hubiera querido ahora que cuenta con una moratoria de dos años de la Junta. Al hacer la sala regional de justicia la comunicación, la parte afectada, que no es otra que el Ayuntamiento, que es a quien se le ha anulado el planeamiento, dispone de un plazo para comunicar qué medidas va a tomar para cumplir la sentencia. Y ese plazo es de 20 días.

 

Lo normal es que el equipo de Gobierno esgrima el permiso de la Junta para, durante los dos próximos años, dotar al sector de una nueva legalidad urbanística toda vez que el planeamiento aprobado en su día se ha anulado de manera firme. Pero de este modo los términos de esta moratoria llegarán al juzgado y se podrá conocer exactamente en qué términos ha concedido el permiso la Junta.

 

 

SOLUCIONES

 

Esto esclarecerá algunas cuestiones, como el tipo de solución que se puede aplicar. Según el TSJ, el planeamiento que considera el sector suelo urbano consolidado no es legal porque no respeta los intereses de los ciudadanos. Y lo normal es que la Junta respete esa decisión. Así, parece probable que la justicia 'tumbe' una hipotética modificación puntual que parta de considerar la parcela de El Corte Inglés y las afectadas por el planeamiento (especialmente, el campo de fútbol del ISPE) como suelo consolidado. Esta es la solución que más a mano tiene el Ayuntamiento, pero no parece probable que tenga éxito.

 

Otra salida sería una revisión completa del PGOU, la alternativa que ha planteado personalmente el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Sin embargo, el decreto con la moratoria de la Junta habla de actuar sobre el sector afectado por la anulación, y nada más, ya que es para arreglar la falta de plan de este sector para lo que se ha concedido el permiso. Esta opción cuenta con la negativa de la oposición, que lo considera una amnistía a los errores urbanísticos del PP, que aprovecharía la revisión global para enmendar errores como el del Corona Sol o el parque de maquinaria.

 

Con este panorama, parece que cobra fuerza la solución que plantea la oposición en pleno, que no es otra que partir de una calificación de suelo urbano no consolidado y equilibrar los 21.000 metros cuadrados de edificabilidad que se concedieron en exceso al centro comercial. Una solución que PSOE, Ciudadanos y Ganemos apoyan de manera conjunta.

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