La Diputación relega a los dos funcionarios sospechosos con el mismo sueldo y funciones secundarias

La Diputación ha recurrido a la atribución temporal de funciones para relegar a los dos funcionarios sospechosos: irán a tareas secundarias en personal y parque de vehículos, pero conservarán el mismo sueldo. No se les suspende porque se ha optado por dejar todo en manos de la Fiscalía en vez de abrir expediente

Un decreto que empezó a circular este jueves en la Diputación, a pesar de tener fecha del día 24 de noviembre, revela que Javier Iglesias ha optado por la atribución temporal de funciones para recolocar a los dos trabajadores a los que dijo iba a apartar del servicio por su presunta implicación en un importante número de irregularidades en la contratación de obras de la Diputación. Sin embargo, esta fórmula obliga a mantener en puestos similares y con el mismo sueldo a los afectados, de modo que sigan ejerciendo funciones en la administración.

 

De este modo, el equipo de Gobierno ha optado por apartarles de las tareas que estaban realizando, pero no del servicio como hubiera ocurrido en el caso de una suspensión. Algo imposible de aplicar porque la Diputación no ha abierto expediente, ni informativo ni disciplinario, alguno contra los dos funcionarios afectados; en su lugar, ha preferido acudir a la Fiscalía con el caso, lo que de momento deja a los trabajadores sin la posibilidad de defenderse a nivel administrativo. Pero tampoco ha dado el paso de denunciar los hechos, tarea que deja para el ministerio fiscal.

 

El decreto, al que TRIBUNA ha tenido acceso, relata las nuevas funciones que, en virtud de una atribución temporal de funciones, van a ejercer Manuel Borrego y Germán Berrocal, los dos funcionarios señalados por las 'pesquisas' de la Diputación de Salamanca, a pesar de ser personas de peso en la administración con el PP (Borrego era director del área de Fomento por libre designación, es decir, elegido 'a dedo' por el equipo de Gobierno) y llevar años ejerciendo. Borrego llevará a cabo labores en el área de personal y Berrocal estará asignado a conducción y mantenimiento del parque de maquinaria, el destino en el que estaba antes de ser coordinador de vialidad en Fomento.

 

Haber escogido la fórmula de la atribución temporal de funciones tiene una explicación: permite que los dos funcionarios sigan cobrando el mismo sueldo (y complementos) aunque estén relegados a un segundo plano. Hay que recordar que, en el caso del cargo por libre designación, consolida derechos y el complemento específico que cobra. Sin embargo, es dudoso que la Diputación haya recurrido a la atribución temporal de funciones porque según el reglamento de la función pública no está pensada para estas situaciones.

 

Según reza el citado reglamento, está pensada para casos de refuerzo de personal vinculado a la temporalidad y para funciones de gestión, pero no de dirección; en todo caso, sería para coordinación de servicios excepcionales. Sin embargo, estas circunstancias no concurren porque, según fuentes de TRIBUNA, el puesto al que va uno de ellos ya existía, pero no se ha cubierto, y en ningún caso hay circunstancias excepcionales de servicio que lo justifiquen; y el otro puesto es convencional (conductor y matenimiento) en el parque de maquinaria, solo que los ejercerán como funcionarios de Grupo A.

 

La clave está en la laxitud con la que parece querer actuar la Diputación en este caso. No hay expedientes informativo ni sancionador, tampoco comunicación oficial de cese, suspensión o baja alguna, motivo por el cual los afectados tienen que seguir acudiendo a su puesto de trabajo. Solo así se podría motivar una suspensión cautelar de funciones como la que daba a entender la Diputación: el expediente es la primera vía que tenía que haber tomado la Diputación para conseguir un efecto administrativo.

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