La Diputación regala 14 años y 400.000 euros de canon a la empresa de Vega Terrón

Los socialistas Isidro Rodríguez y Manuel Ambrosio Sánchez (Foto: F. O. L.)

Presidencia y el área de Fomento se olvidan de reclamar el canon de ocupación y el de actividad a la empresa concesionaria. No ha pagado desde el primer trimestre de su contrato en 1997 y la deuda ha prescrito. Solo se le pueden reclaman 84.000 euros de los últimos cuatro años.

La Diputación de Salamanca ha regalado el coste de 14 años de canon a la empresa concesionaria del muelle de Vega Terrón, que no ha pagado desde el primer trimestre que tenía que abonar desde la firma del contrato en 1997, con Alfonso Fernández Mañueco como presidente. El daño patrimonial para las arcas de La Salina ronda los 400.000 euros según el grupo socialista en la Diputación, que califica este caso de ejemplo de desidia de todos los equipos de Gobierno del PP que han pasado por la institución desde entonces. La responsabilidad apunta directamente a Javier Iglesias y al área de Fomento, que son el responsable y el área delegada para la gestión de este cobro.

 

El caso ha saltado en las últimas semanas, coincidiendo de nuevo con una investigación del grupo socialista en la Diputación sobre la actividad en Vega Terrón. Tras hacer varias consultas en comisión y expresamente al presidente Javier Iglesias, el PSOE logró que el equipo de Gobierno reconociera lo que ya había comprobado: que la empresa adjudicataria de Vega Terrón llevaba años sin pagar el canon obligado en el contrato. En concreto, VegaTer, una sociedad bajo el control de Inzamac, una consultora con su base en Zamora, estaba obligada a pagar un canon por la ocupación del muelle y por la actividad, pero no lo ha hecho desde el primer trimestre de 1997, es decir, desde que firmó el contrato.

 

Esto ha quedado confirmado con el informe firmado por el nuevo director del área de Fomento, Ricardo Barrientos, que asegura en un documento remitido al PSOE que ningún área de la Diputación liquidó ni reclamó nunca la cantidad; la empresa estaba obligada a pagar el canon y, en caso de no hacerlo, la institución tenía que habérselo reclamado por las vías oportunas. Sin embargo, no lo hizo. La responsabilidad es del área de presidencia, pero está delegada a la de Fomento, que actualmente comanda el diputado Carlos García Sierra.

 

En total, y según cálculos del PSOE, el daño al erario público ronda los 400.000 euros porque no se reclamó el pago en su día y ya no se puede hacer con el canon correspondiente a los 14 ejercicios entre 1997 y 2010. Sólo se puede recuperar lo correspondiente a los últimos cuatro, que asciende a 81.812 euros por la actividad y 2.584 euros por la ocupación, que son los dos conceptos gravados; en total algo más de 84.000 euros. El contrato, ganado en 1997 por VegaTer, especifica el pago de cano por estos dos conceptos y establece también las tarifas. La concesión es válida por 25 años desde su adjudicación.

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