La Diputación, obligada a pagar más de 300.000 euros en sentencias desfavorables

Iglesias y García Sierra acompañados de sus abogados en el Juzgado (Foto: Cynthia Duarte)

El pleno aprueba un suplemento de crédito de 337.000 euros destinado a pagar una codena de 202.000 euros a la antigua empresa de seguridad y una reclamación planteada por el tesorero por no haber respetado su puesto.

La Diputación de Salamanca ha tenido que aprobar esta mañana de manera urgente dotar de crédito para pagar de manera inmediata la cuantía de varias condenas judiciales que se le han acumulado en los últimos tiempos. El montante total del suplemente de crédito aprobado es de 337.000 euros que servirán para pagar las consecuencias de algunas decisiones discutibles del equipo de Gobierno de Javier Iglesias que ahora se le vuelven en contra.

 

En el pleno de esta mañana se ha puesto de manifiesto que este suplemento de crédito es necesario para atender, en primer lugar, lo que reclama la anterior empresa concesionaria del servicio de seguridad. Según una sentencia de marzo que TRIBUNA ya adelantó, el juzgado de lo contencioso-administrativo había condenado a la Diputación de Salamanca a pagar 202.842 euros a la empresa VASBE, que fue concesionaria de los servicios de vigilancia y seguridad de la Diputación.

 

La cantidad corresponde a una parte del contrato firmado para proporcionar los citados servicios entre 2010 y 2012 por un valor de 1,6 millones de euros y que La Salina se negó a abonar en su día saltándose los términos del contrato. Durante 2010 y 2011, la empresa facturó sus servicios a un precio fijo, 57.643 euros al mes; y también lo hizo en 2012, pero a 68.912: la Diputación se negó a abonar los servicios a ese precio.

 

Además, ha habido que dotar otra cantidad de 22.000 euros que corresponde con la reclamación que ha planteado una persona que tenía el derecho adquirido para ocuar el tesorero, un puesto en el que la Diputación ha tenido en el pasado varias sentencias en contra por la forma en la que se ha cubierto. Sin embargo, esa cantidad es una indemnización por no haber respetado los derechos de este trabajador, que lo denunció en los juzgados y que ha gando, por lo que ha podido reclamar el daño producido.

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