La Diputación no relega oficialmente a los dos funcionarios apartados por la trama de Fomento

El presidente de la Diputación y el diputado de Fomento, antes de su rueda de prensa del viernes.

Los sindicatos piden explicaciones porque Diputación anunció que se iba a "apartar temporalmente" a los dos funcionarios señalados, pero no se ha seguido el procedimiento habitual ni hay constancia de decreto para relevarles. Uno de ellos ha acudido a su puesto.

Una de las medidas anunciadas por el presidente de la Diputación en torno al caso de corrupción en los contratos de Fomento no se ha llevado a efecto todavía, al menos, no de manera oficial. Javier Iglesias aseguró que se iba a "apartar temporalmente de sus funciones a los dos funcionarios responsables" sobre los que la Diputación quiere hacer descansar toda la responsabilidad del caso. Sin embargo, ese anuncio no se ha traducido en una medida administrativa concreta, que es lo primero que tenía que haber hecho la Diputación, hasta el punto de que al menos uno de los afectados está en su puesto de trabajo.

 

Según fuentes consultadas por TRIBUNA, la vía para que los funcionarios afectados queden apartados de las funciones que tienen atribuídas es la publicación de un decreto con el que se les notifique que se les relega de las tareas que desempeñan; no se trata de un despido, ya que la Diputación solo ha hablado de apartarles temporalmente y ambos son funcionarios con plaza. Según fuentes sindicales, ni en la jornada de ayer, lunes, ni a lo largo de la mañana se ha promulgado decreto alguno para este caso que hiciera oficial y efectivo el relevo en sus funciones. En el caso del director del área de Fomento, Manuel Borrego, y según fuentes sindicales, como está haciendo las funciones propias del responsable de área por libre designación habría que cesarlo.

 

De este modo, los afectados seguirían en su puesto de trabajo. Según fuentes consultadas por TRIBUNA, al menos uno de ellos habría acudido esta semana a su puesto de trabajo en el régimen habitual de horarios y presencia. El motivo es que, mientras no se les notifique nada de manera oficial, no pueden faltar a su puesto de trabajo porque podrían incurrir en una ausencia injustificada. Se podría dar el caso de que se les haya apartado de sus funciones pero que sigan acudiendo a su puesto, pero como se ha dicho no existe decreto que atestigue que han sido relevados.

 

 

CCOO PIDE EXPLICACIONES

 

Por este motivo, CCOO ha requerido por escrito esta mañana de martes que se les explique qué está ocurriendo y qué medida concreta se ha tomado contra los dos funcionarios señalados, que hoy por hoy no están expedientados. El representante sindical de CCOO en Diputación ha exigido saber si están apartados y si se ha aprobado el decreto necesario que haría oficial esta situación.

 

Este modo de tomar medidas en casos de corrupción recuerda a los famosos despidos en diferido que ha aplicado el PP en casos como el de Bárcenas, al que según los mandatarios populares se despidió con efecto inmediato, pero una indemnización que se le pagaba a posteriori; o el más reciente del gerente del PP en Madrid, del que se dijo se había prescindido por el escándalo de las tarjetas 'black' de Bankia, pero que fue vuelto a contratar en 24 horas.

 

 

PROCEDIMIENTO AL REVÉS

 

La clave está en el procedimiento empleado, por el que no hay comunicación oficial de cese, suspensión o baja alguna, motivo por el cual los afectados tienen que seguir acudiendo a su puesto de trabajo. Según fuentes sindicales consultadas, la Diputación de Salamanca tendría que haber abierto un expediente informativo a los dos funcionarios a los que se ha colocado bajo sospecha. Posteriormente, podría dar lugar a un expediente sancionador; en este punto, el afectado podría ejercer su defensa y podría acabar en un recurso contencioso administrativo contra la sanción si la considera desproporcionada. Solo así se podría motivar una suspensión cautelar de funciones como la que parece buscar la Diputación: el expediente es la primera vía que tenía que haber tomado la Diputación para conseguir un efecto administrativo.

 

Otra opción sería haberles suspendido de manera cautelar. Sin embargo, no existe expediente y se ha decidido acudir directamente a la Fiscalía (Javier Iglesias confirmó que el viernes a las 13.00 horas se le hizo llegar el informe interno y los expedientes bajo sospecha) a pesar de que se dijo no querer prejuzgar a los afectados; sin embargo, fuentes sindicales consideran que se les está condenando de antemano ante la justicia ya que, hoy por hoy, no están expedientados administrativamente, que hubiera sido la primera medida.