La Diputación desoye la resolución del Procurador del Común contra un nombramiento a dedo en la Residencia Asistida

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la diputada Chabela de la Torre.

El Procurador del Común informará negativamente en Cortes sobre la actitud de la Diputación, que ha ignorado varias resoluciones. La institución le pide que regularice un puesto en enfemería que ha mantenido en comisión de servicios desde 2008 y que ha provocado protestas entre el personal.

LA DIPUTACIÓN SE OBLIGÓ A CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DEL PROCURADOR

 

Además de no responder a esta resolución del Procurador y ganarse una mención entre las instituciones que no atienden a las decisiones de este órgano, la Diputación va a incumplir también uno de sus propios preceptos. En mayo de 2010, la entonces presidenta de la Diputación de Salamanca y hoy senador, Isabel Jiménez, dictó un Decreto por el que la Diputación se obligaba a cumplir las resoluciones del Procurador del Común, asumiendo una obligación que aceptaron la práctica totalidad de las administraciones e instituciones regionales.

 

La Diputación de Salamanca recibirá la reprimenda del Procurador del Común en su próximo informe en las Cortes por su reiterada negativa a cumplir con una resolución que data de hace ocho meses. Se trata de la recomendación del procurador regional para que convocara de manera adecuada un puesto en la Residencia Asistida, una cuestión que ha provocado un enorme malestar entre los empleados y los sindicatos, y que la Diputación se ha negado a enmendar.

 

El Procurador del Común ha dado a conocer hace unos días que desistía definitivamente de comunicarse con la Diputación para que cumpliera una resolución de diciembre de 2013. Tras las quejas de empleados ante este representante de los ciudadanos, el procurador dictó una resolución en la que instaba a la Diputación  a la regularización del Jefe de Enfermería del Hospital Psiquiátrico y, en su caso, se cree el puesto en la RPT adscrito a la farmacia. El motivo, que al cerrarse el citado hospital y pasar todos sus trabajadores a la Residencia Asistida, se produjo una duplicidad de cargos porque la residencia ya tenía cubierto el puesto; ante esta situación, se le atribuyeron funciones en farmacia que abandonó en 2014 por una excedencia.

 

Esto provocó las protestas de los trabajadores y de los representantes sindicales, que arreciaron el pasado junio cuando la dirección del centro convocó a todos los ATS para cubrir el mismo puesto, ante lo cual casi la totalidad de los afectados presentan un escrito de protesta ante la Diputación solicitando que se clarifique cuál es el puesto, sus funciones, características... y la necesidad de justificar su carácter temporal, así como se explicite la forma de provisión. Protesta  que es secundada por los sindicatos CCOO y USO, que remiten sendos escritos a la Diputación.

 

Sin embargo, ni esta situación ni los intentos del Procurador del Común para que la Diputación respondiera a la resolución, en la que le pedía que convocara de manera adecuada la plaza, creándola en la RPT, cosa que no se ha hecho. Ante esta situación, y ocho meses después, el procurador ha decidido archivar el expediente ante la reiterada postura de la Diputación de dar el silencio por respuesta. Esto servirá para que la Diputación quede incluída en el registro de administraciones y entidades que no colaboran con el Procurador del Común y se gane una cita al respecto en el informe del procurador, Javier Amoedo, ante las Cortes.